— Agencias 03/07/2026
Un abogado de León fue condenado a más de mil años de prisión por fraude inmobiliario contra 107 familias y reparación millonaria del daño causado.
Un juez dictó sentencia condenatoria contra Edgar Francisco Franco Ríos, responsable del despacho jurídico Punto Legal, por un fraude inmobiliario que afectó a 107 familias en León, Guanajuato. La resolución incluye una pena acumulada superior a 1018 años de prisión y el pago de casi 30 millones de pesos por reparación del daño.
Sentencia histórica en León
La Fiscalía General del Estado (FGE) calificó el fallo como una “sentencia histórica”, al considerar que representa justicia para las víctimas que perdieron su patrimonio. El acusado, detenido en 2023, recibió dos condenas: una de 438 años y 4 meses de prisión y otra de 580 años, sumando una penalidad total de 1018 años y 4 meses de prisión por el delito de fraude.
Aunque la legislación penal estatal establece un máximo de compurgación de 80 años de cárcel, la autoridad ministerial destacó que la resolución también garantiza la obligación de devolver los recursos obtenidos ilícitamente.
Fraude inmobiliario a 107 familias
De acuerdo con la investigación, el despacho Punto Legal ofrecía de manera engañosa supuestas casas de remates bancarios. El Ministerio Público acreditó que Edgar Francisco Franco Ríos utilizó diversos artificios para engañar de forma consecutiva a las víctimas, ofertando inmuebles sobre los cuales no tenía facultades legales de venta.
El fraude afectó a 107 familias, quienes invirtieron su patrimonio en operaciones irregulares que nunca se concretaron legalmente.
Reparación del daño y montos ordenados
Además de la pena de prisión, el sentenciado deberá pagar 29 millones 923 mil 100 pesos por daño material, 3 millones 326 mil 490 pesos por daño moral y 148 mil 500 pesos por perjuicios ocasionados.
La Fiscalía General del Estado informó que dará seguimiento para garantizar el cumplimiento de la reparación del daño a las víctimas y reiteró que impulsó cada una de las querellas para lograr justicia en el caso.
El tribunal de enjuiciamiento emitió la sentencia final los días 26 y 30 de junio, tras acreditar el impacto económico y social del fraude en la vida de las víctimas.
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