— Agencias 28/06/2026
Una investigación en el Estado de México por la asignación de 324 plazas docentes presuntamente irregulares dejó como saldo 10 detenidos y un posible daño al erario superior a 42 millones de pesos.
La Fiscalía del Estado de México investiga una presunta red de servidores y exservidores públicos señalados por la asignación irregular de 324 plazas docentes, hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2025 y que, de acuerdo con periciales, podrían representar un daño al erario superior a 42 millones de pesos.
Cómo operaba la presunta red de plazas docentes
De acuerdo con la investigación, el esquema habría sido encabezado por Óscar “N”, exsubsecretario de Administración, junto con otros nueve exfuncionarios y funcionarios del sector educativo y administrativo del Estado de México.
Las indagatorias señalan que el grupo habría aprovechado sus cargos para realizar movimientos de alta y asignación de plazas docentes sin cumplir con los requisitos establecidos, utilizando registros y sistemas internos para validar espacios que no contaban con respaldo documental.
Asignación de plazas sin perfil académico
Según la carpeta de investigación, las plazas habrían sido asignadas a personas sin el perfil requerido, en algunos casos reclutadas específicamente para simular su incorporación al sistema educativo.
A estas personas se les habría ofrecido una compensación económica menor, mientras que las plazas contaban con salarios aproximados de hasta 50 mil pesos mensuales, lo que habría generado un manejo irregular de los recursos.
Detenciones y proceso judicial
Las órdenes de aprehensión fueron solicitadas y ejecutadas entre el 24 y 25 de junio, lo que derivó en la detención de 10 personas, siete hombres y tres mujeres, quienes fueron ingresados al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Las autoridades no descartan la existencia de más personas involucradas, ya que parte de la investigación continúa abierta.
Montos y posibles afectaciones al erario
De acuerdo con una pericial financiera, el presunto daño al erario público ascendería a más de 42 millones de pesos, derivado de la dispersión de nóminas asociadas a plazas inexistentes.
La investigación también refiere que algunos ingresos mensuales detectados en cuentas bancarias vinculadas al caso habrían alcanzado montos elevados, lo que forma parte del análisis de la autoridad ministerial.
Investigación en curso
La Fiscalía mexiquense mantiene abiertas las diligencias para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados, así como para identificar posibles beneficiarios adicionales dentro del esquema investigado.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa en integración y que los resultados periciales serán clave para el avance del caso.
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