— Azucen Uresti 25/06/2026
Italia entendió hace cuatro décadas que perseguir criminales uno por uno era una batalla perdida. La mafia no operaba con individuos aislados, sino como una empresa con estructura, jerarquías, operadores financieros, empresarios, políticos y funcionarios corruptos. Por eso creó en 1985 el histórico Maxiproceso de Palermo: 475 acusados, 360 condenas y más de 2 mil 600 años de prisión en conjunto. Lo más importante no fue el número de sentencias, sino el cambio de paradigma. Por primera vez, el estado decidió sentar en el banquillo, no únicamente a los sicarios, sino también a quienes, desde el poder de las instituciones públicas, de alguna u otra forma acompañan a esas actividades delictivas.
México parece necesitar exactamente eso, como ha propuesto la senadora priista Claudia Anaya, y coincido.
Durante años hemos visto desfilar gobernadores, alcaldes, policías, militares, legisladores y funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. El caso de Genaro García Luna terminó con una condena de 38 años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Se trata de un funcionario de hace dos sexenios, pero aun en la actual administración existen investigaciones abiertas, sanciones y procesos contra numerosos servidores públicos de distintos niveles de gobierno —que no se nos olvide—, mientras que, en diversas regiones del país, las autoridades han documentado la infiltración de organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación en instituciones municipales y estatales.
A ello se suman investigaciones sobre redes de contrabando de combustibles y el llamado huachicol fiscal, un negocio multimillonario que difícilmente podría operar sin protección institucional; de ahí que el propio gobierno federal revelara que la red más grande de este país era encabezada por los marinos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, marinos de alto rango y sobrinos políticos, ni más ni menos, que del extitular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda.
También existen indagatorias sobre grupos criminales como La Barredora, liderada por el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, y sobre presuntos vínculos de autoridades locales con otras estructuras criminales en diversos estados.
Seguimos investigando piezas aisladas cuando el rompecabezas completo está frente a nosotros.
El crimen organizado dejó de ser únicamente un fenómeno de violencia. Hoy controla rutas comerciales, puertos, aduanas, mercados ilícitos, procesos electorales y, en algunos territorios, funciones que corresponden al Estado. El propio Andrés Manuel López Obrador reconoció que los cárteles operan con una fuerza "cuasimilitar", entre otras razones, gracias a la base social que cultivaron en algunas regiones a punta de violencia o —todo lo contrario— de despensas y regalos.
Pensar que cada expediente puede resolverse de manera independiente es ignorar que todas las células del crimen funcionan como redes integradas de una telaraña que cubre absolutamente todo México.
El precedente que marcó Italia el siglo pasado no es el único. En Estados Unidos, la Ley RICO permitió procesar conjuntamente a las Cinco Familias de la mafia neoyorquina al demostrar que actuaban como empresas criminales y, más recientemente, sostiene las acusaciones contra Ismael "El Mayo" Zambada, el capo mexicano, fundador del Cártel de Sinaloa, que el mundo pensaba era incapturable.
Colombia también desarrolló magnos procesos contra las estructuras de los cárteles de Medellín y Cali para mermar de un zarpazo a toda la organización y no solo a sus jefes visibles.
México tiene autoridades suficientes para intentarlo —o al menos así se ha presumido desde Palacio Nacional—. Entonces, ¿quién le tiene miedo a un maxiproceso?
Que caiga quien tenga que caer y que se erradiquen de tajo las excusas sobre pruebas que —muy probablemente— jamás vayan a encontrarse.
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