— Mario Maldonado 22/06/2026
Los problemas se acumulan para Samuel García. Mientras el Congreso de Nuevo León reactivó procedimientos de juicio político en su contra y Morena impulsa denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas triangulaciones de recursos y conflictos de interés, salen a la luz datos sobre el patrimonio de la familia del gobernador.
Documentos a los que tuvo acceso esta columna revelan información financiera, patrimonial y fiscal sobre Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador de Nuevo León. Los reportes incluyen transferencias internacionales por alrededor de 10 millones de pesos, adquisiciones inmobiliarias superiores a los 76 millones y operaciones que forman parte de información bajo revisión de autoridades federales.
Los reportes atribuyen a Samuel Orlando García Mascorro operaciones financieras específicas que habrían llamado la atención de autoridades federales. Entre ellas aparecen depósitos en efectivo por más de medio millón de pesos, retiros por aproximadamente 300 mil pesos cuyo origen no estaría plenamente identificado, un cheque por un millón de pesos emitido a favor del Banco del Bienestar y pagos en efectivo cercanos a los 400 mil pesos realizados a Credomatic México.
Otro apartado señala que durante aproximadamente 12 años habría recibido transferencias por cerca de cuatro millones de pesos, parte de ellas provenientes de dependencias públicas de Nuevo León. También se incluyen referencias a presuntas inconsistencias fiscales y a la falta de declaraciones tributarias durante un largo periodo pese a la operación de empresas y activos inmobiliarios de alto valor.
El capítulo más delicado es el internacional. Los documentos describen transferencias por alrededor de 10 millones de pesos hacia Estados Unidos, Chile, Francia y Reino Unido realizadas a través de empresas vinculadas con el entorno familiar del gobernador.
En el expediente aparecen Firma Jurídica y Fiscal Abogados, GMA Firma Jurídica Fiscal, Saga Tierras y Bienes Inmuebles y Saga Bienes Internacionales. Varias de estas compañías ya habían sido mencionadas en investigaciones periodísticas relacionadas con proveedores gubernamentales, contratos públicos y presuntas triangulaciones financieras. Lo novedoso es que ahora aparecen acompañadas de movimientos bancarios, operaciones internacionales y adquisiciones patrimoniales específicas.
Durante los últimos cuatro años Samuel García ha sobrevivido a una crisis política permanente. La diferencia es que ahora el foco parece haberse desplazado de la confrontación política a la revisión patrimonial y financiera, y tiene prácticamente a todos en contra.
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un nuevo juicio político en su contra por presuntas triangulaciones de recursos públicos y posibles actos de corrupción. El procedimiento fue impulsado por Morena y respaldado por PAN y PRI, quienes sostienen que existen elementos suficientes para investigar una presunta red de desvíos a través de despachos y empresas vinculadas al gobernador y a su familia.
Paralelamente, Morena presentó ante la FGR una denuncia contra Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, por presunta triangulación financiera, conflicto de interés, corrupción y promoción personalizada con recursos públicos. Los denunciantes sostienen que pagos realizados por proveedores del gobierno estatal terminaron en despachos relacionados con el gobernador y su familia. Incluso hablan de una ruta financiera cuyo monto podría alcanzar los mil 400 millones de pesos.
PosdataHablando de asuntos legales, en las últimas semanas se han multiplicado las quejas y denuncias públicas en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el presunto tráfico de influencias que estaría llevando a cabo Karen Nallelly Miranda Reyes, la secretaria particular de Rafael Guerra, el magistrado Presidente, incidiendo sistemáticamente en las resoluciones y sentencias de este órgano.
Las denuncias de varios empresarios y personas físicas por las prácticas de la funcionaria ya están generando inestabilidad y preocupación respecto de la verdadera independencia de los magistrados para abordar los casos frente al poder que se asegura ha conquistado Karen Miranda al interior del Tribunal para incidir en el sentido de las resoluciones.
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