— Agencias 20/06/2026
Begoña Gómez, esposa del presidente de España, enfrentará juicio con jurado popular por presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y malversación, según resolución judicial.
Un juez en España ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos, además de imponerle medidas cautelares.
Decisión judicial y medidas cautelares
El magistrado Juan Carlos Peinado resolvió en un auto judicial dictado este sábado que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular. Como parte de las medidas cautelares, se ordenó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado.
La decisión se tomó tras una audiencia preliminar en la que las acusaciones populares solicitaron medidas por riesgo de fuga, mientras que la Fiscalía se opuso a dichas restricciones.
Delitos imputados en el proceso
El juez procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. También fue enviada a juicio su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos, así como el empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en el ámbito privado.
Origen del caso y acusaciones
La causa se abrió en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias, basada en informaciones periodísticas relacionadas con una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que Gómez codirigía.
El juez sostiene que existen “indicios racionales de criminalidad” y justifica las medidas cautelares ante un posible riesgo de fuga, argumento que ha sido rechazado por la Fiscalía y las defensas.
Reacciones desde el Gobierno de España
Fuentes del Palacio de la Moncloa calificaron la resolución como un acto de “persecución y desproporción”, al señalar que la instrucción del caso carece de sentido jurídico y responde a motivaciones políticas.
También cuestionaron los argumentos del juez sobre una posible fuga y el papel de la escolta policial, al considerar dichas afirmaciones como “un despropósito judicial”.
Argumentos del magistrado
En su resolución, el juez sostiene que la gravedad de las penas podría incentivar el riesgo de fuga y que incluso los agentes de seguridad podrían colaborar en una eventual evasión, hipótesis incluida en el auto judicial.
El magistrado también argumenta que la acusada habría aprovechado su posición como esposa del presidente del Gobierno para obtener beneficios, lo que motivó la apertura del juicio oral.
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