— Agencias 14/06/2026
Una investigación sobre supuestos vínculos entre grupos delictivos con agentes y exagentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía de Nayarit ha resultado en la detención de cuatro personas y la presunción de que dentro de la dependencia operaba una red que abastecía de armas a grupos delictivos.
Según las indagatorias, el pasado 3 de junio tres exagentes, Gustavo Alonso "N", Luis Armando "N" y Roberto "N", fueron interrogados por estar señalados de mantener comunicación con grupos de la delincuencia organizada para otorgar información, lo que representa un delito contra la seguridad pública; los señalados intentaron sobornar con 15 mil pesos al personal que lleva la investigación para que dejaran de lado el caso, pero al no obtener lo que querían, lanzaron amenazas de muerte en contra de los investigadores.
Los tres fueron vinculados a proceso por los delitos de amenazas y cohecho: a Gustavo Alonso "N" y Luis Armando "N" les fueron impuestas las medidas cautelares de acudir a firmar cada 15 días a los juzgados, depositar una garantía de diez mil pesos, suspensión temporal del ejercicio profesional como agentes de la Agencia de Investigación Criminal, la prohibición de acercarse a las instalaciones de la Fiscalía del estado y la prohibición de acercarse a las personas que amenazaron.
En tanto a Roberto "N" se le impuso prisión preventiva justificada por los riesgos de obstaculización de la justicia y el riesgo para las víctimas; además, el juez que impuso las medidas otorgó un mes de plazo para el desarrollo de la investigación complementaria.
Por otra parte, el elemento en activo de la AIC, Francisco Javier "N", fue imputado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de cohecho, ya que intentó sobornar a los agentes de la Fiscalía que lo arrestaron.
De acuerdo con la investigación, el pasado 9 de junio el imputado, quien se desempeñaba como elemento activo de la Agencia de Investigación Criminal, fue abordado por agentes investigadores que realizaban diligencias relacionadas con la presunta venta de armas de uso exclusivo del Ejército a una persona detenida y vinculada a una red delincuencial.
Se presume que durante la intervención Francisco Javier "N" reconoció su participación en actividades relacionadas con la venta de armamento y posteriormente ofreció dinero a los agentes investigadores con la finalidad de evitar el arresto y la continuidad de los actos de investigación; por ese motivo, los agentes lo arrestaron en flagrancia por el delito de cohecho.
En audiencia de control, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención y se formuló la imputación; sin embargo, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas para resolver su situación jurídica.
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