— Mario Maldonado 02/06/2026
La presidenta Claudia Sheinbaum cruzó el domingo una línea que había evitado durante los primeros meses de su gobierno. Desde el Monumento a la Revolución denunció una presunta ofensiva política encabezada por sectores de la “ultraderecha” de Estados Unidos. Señaló al Departamento de Justicia y las investigaciones que sigue contra políticos mexicanos, con una supuesta intención de influir en la elección de 2027. El endurecimiento coincide con la presión de Washington sobre Morena y particularmente sobre figuras mediante las cuales se financiaron varias campañas, como la de Rubén Rocha Moya.
El mensaje fue más allá de una defensa convencional de la soberanía. La presidenta sostuvo que detrás de las “campañas de desinformación” y de las acusaciones contra funcionarios mexicanos existen “sectores conservadores nacionales e internacionales”. Cuestionó si las investigaciones promovidas desde Estados Unidos buscan realmente combatir a la delincuencia organizada o si forman parte de una estrategia para influir en la vida política mexicana. La frase más delicada llegó cuando advirtió que primero vienen por unos actores políticos y después por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia terminan convirtiéndose en el principal elector de México.
Este lunes intentó matizar sus dichos. Dijo que no considera que el presidente Donald Trump encabece personalmente una ofensiva contra México y atribuyó las presiones a grupos de la ultraderecha estadounidense aliados con sectores conservadores mexicanos. Sin embargo, si las críticas están dirigidas al Departamento de Justicia, a los fiscales federales, a las agencias de seguridad o a funcionarios republicanos, inevitablemente involucra a la administración de Trump y al propio presidente, que ha dicho una y otra vez que México está controlado por los grupos criminales, considerados terroristas.
El deterioro en la relación puede rastrearse desde abril, cuando dos agentes estadounidenses murieron en Chihuahua durante un operativo relacionado con un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. La reacción inicial de Sheinbaum sorprendió en Washington. Antes que expresar condolencias, exigió explicaciones sobre la actuación de personal estadounidense en territorio nacional. La Casa Blanca respondió por conducto de la vocera Karoline Leavitt, quien cuestionó la falta de solidaridad mostrada por el gobierno mexicano.
Después vinieron las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, sobre la presunta complicidad histórica entre organizaciones criminales y funcionarios mexicanos. Llegaron también las investigaciones del Departamento de Justicia relacionadas con Sinaloa y el caso de Rocha Moya, que colocó por primera vez a un gobernador de Morena en el centro de una ofensiva judicial estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Trump ha insistido en que los cárteles ejercen control sobre amplias regiones mexicanas y ha advertido que Estados Unidos actuará para proteger su seguridad nacional si México no enfrenta con mayor contundencia a esas organizaciones. Marco Rubio, legisladores republicanos, fiscales y funcionarios de seguridad han seguido una línea similar. El mensaje es que el problema ya no se limita a los grupos criminales, sino que alcanza a sectores de la estructura política mexicana.
Ahí aparece la contradicción más delicada para Sheinbaum. Defender la soberanía nacional es una posición legítima. También lo es exigir que agencias extranjeras actúen dentro de los marcos legales establecidos. Pero presentar cualquier investigación judicial estadounidense contra funcionarios mexicanos como una operación política corre el riesgo de desplazar el debate de los hechos a la confrontación ideológica.
La reacción del embajador Ronald Johnson pareció responder justamente a ese punto. Sin mencionar a la Presidenta, escribió en X que la lucha contra los cárteles debe unir a ambos países y no convertirse en una disputa política. Añadió que cada momento dedicado a politizar ese desafío común representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación y proteger a la población.
La pregunta es quiénes integran esa supuesta “ultraderecha” a la que se refiere la presidenta. Porque si en esa categoría entran funcionarios del Departamento de Justicia, agencias de seguridad, congresistas republicanos y miembros del gabinete de Trump, el conflicto es con una parte relevante de quienes hoy gobiernan Estados Unidos.
El endurecimiento del discurso de Sheinbaum coincide con una disputa cada vez más visible dentro de Morena entre quienes privilegian una relación funcional con Estados Unidos y quienes consideran que la confrontación fortalece políticamente al movimiento. En ese contexto aparece Omar García Harfuch, uno de los funcionarios mexicanos con mejor interlocución con las agencias estadounidenses y uno de los perfiles más aceptables para los sectores moderados de ambos países.
Sheinbaum había sido pragmática. Contuvo las presiones arancelarias, negoció temas migratorios y mantuvo abiertos los canales de cooperación en seguridad. Pero la presión proveniente de Washington parece acercarla cada vez más al sector más ideologizado de la 4T, donde están Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña, Clara Brugada, Jesús Ramírez Cuevas, Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, acompañados por figuras como Pedro Miguel y Rafael Barajas “El Fisgón”. Para ese grupo, la disputa con Estados Unidos no representa un problema diplomático sino una oportunidad política. Mientras los moderados buscan preservar canales de interlocución, los sectores más duros prefieren convertir cada acusación o presión externa en una nueva batalla contra el “intervencionismo” estadounidense.
¿En qué lugar de la historia va a colocarse la presidenta Sheinbaum: en el pragmático, de estadista, o en el ideológico-radical?
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