— Agencias 01/06/2026
El vocero de la FGR explicó el esquema de lavado de dinero de ‘El Caballito’, basado en empresas fachada, facturación falsa y evasión fiscal interestatal.
El esquema de presunto lavado de dinero atribuido a la red conocida como “El Caballito” fue detallado por el vocero de la Fiscalía General de la República, Ulises Lara López, quien explicó cómo operaba la estructura mediante la creación de empresas fachada, emisión de facturas falsas y mecanismos de evasión fiscal que habrían generado operaciones por más de 12 mil millones de pesos.
Esquema de operación de “El Caballito”
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República, el grupo conocido como “El Caballito” diseñaba esquemas de comercialización dirigidos a empresas, en los que se ofrecían mecanismos de planeación laboral y evasión fiscal. Posteriormente, se generaban operaciones simuladas para justificar la emisión de comprobantes fiscales apócrifos.
El vocero de la FGR detalló que estas acciones permitían crear una apariencia de legalidad en transacciones que, en realidad, estaban vinculadas a esquemas de simulación financiera.
Empresas fachada y presencia interestatal
Las investigaciones señalan la existencia de al menos 15 empresas y asociaciones civiles vinculadas a la estructura. Estas entidades operaban con domicilios fiscales distribuidos principalmente en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, configurando un esquema de operación interestatal.
Según lo expuesto por Ulises Lara López, las organizaciones eran creadas con el objetivo de ofrecer servicios de asesoría y planeación laboral, lo que les permitía mantener una fachada de legalidad ante autoridades fiscales.
Facturación falsa y evasión fiscal
Las autoridades señalaron que el esquema incluía la emisión de facturas falsas por montos que superan los 12 mil millones de pesos, lo que representa una cifra equivalente a aproximadamente la mitad del presupuesto de Tlaxcala en 2016.
El modelo de operación contemplaba la inyección de recursos y la generación de actos contables y jurídicos que permitían evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de la distribución de beneficios entre los operadores del esquema.
Posibles sanciones y líneas de investigación
La FGR indicó que los responsables podrían enfrentar sanciones de hasta nueve años de prisión por el uso de comprobantes fiscales falsos. Además, la legislación vigente contempla la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para este tipo de delitos.
Las investigaciones continúan abiertas, ya que podrían incorporarse nuevos elementos relacionados con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, lo que modificaría el alcance de las posibles penas.
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