— Raúl Rodríguez Cortés 31/05/2026
Ayer sábado 30 de mayo ocurrieron dos hechos coincidentemente relacionados: la realización de una asamblea de socios de la cementera Cruz Azul en la que Víctor Manuel Velázquez Rangel operó para mantenerse al frente de la cooperativa y el fallecimiento, en el área médica del penal de alta seguridad del Altiplano, de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, quien dirigiera esa organización por tres décadas.
Velázquez ejecutó una serie de maniobras legales y movilizaciones violentas que llevaron primero a la separación de Álvarez de la presidencia del equipo de futbol en 2020, luego a su destitución de la dirección de la cooperativa en septiembre de 2021, más adelante a cinco años de prófugo de la justicia y finalmente a su detención y encarcelamiento en el penal del Altiplano, el 16 de enero de 2025, por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, donde pasó los últimos dieciséis meses de su vida.
La cooperativa Cruz Azul ha estado envuelta en ese período de seis años en una serie de escándalos que traen tras de sí disputas por poder económico y ambiciones que se situaron por encima de un modelo de grupo empresarial que llegó a ser la segunda empresa cementera del país y la cooperativa más importante de América Latina que actualmente ha quedado significativamente reducida.
A seis años de haberla tomada por asalto bajo el cobijo de poderosos despachos de abogados y la anuencia de autoridades judiciales, Víctor Manuel Velázquez Rangel se ha encargado de quitar de en medio a quienes fueron sus cómplices en la toma de la organización: por un lado a José Antonio Marín a quien convenientemente obligó a jubilarse ante diferencias ya insostenibles y al exdirector financiero Juan Briseño, a quien -según versión del propio directivo- le puso un cuatro para meterlo en el Reclusorio Sur de la CDMX por haberse convertido en un ejecutivo incómodo tras el asalto cometido en contra de los verdaderos dueños de la cooperativa: los socios cooperativistas.
Como parte de la maniobra, Velázquez sumó a su equipo cercano a quien se dice es su titiritero o rey detrás del trono: Rafael Anzures, actual director Jurídico, un joven abogado sobre el que algunos cooperativistas aseguran que apenas en seis años ha sumado una fortuna que lo rodea de lujos extremos, mientras que ellos están cada vez más empobrecidos.
También lo acusan de haber tejido una red de impunidad mediante el cohecho de autoridades judiciales y la siembra de órdenes de aprehensión contra ellos.
El exdirector financiero de la cooperativa, Juan Briseño acusa a Velázquez de haber sustraído miles de millones de pesos de Cruz Azul en favor de sus bolsillos y de despachos de abogados sembrados, inexistentes o bien aliados.
Aunque apenas el domingo pasado el equipo de futbol de la cooperativa ganó el campeonato de la liga mexicana para poner fin a una sequía de cinco años, los números en estos seis años delinean este panorama: caída de 50% en la capacidad de producción de la cementera, debacle en la totalidad de su prestigio y posición de mercado, quiebra de empresas que orbitan en su entorno, suspensión del pago a pensionados y jubilados, deterioro de los servicios de salud, lo que costó la vida en pandemia a decenas de socios, suspensión de programas comunitarios y desvío de miles de millones de pesos para favorecer -según acusan- a la familia de Velázquez, algunos de cuyos miembros están hoy encumbrados en puestos directivos, como una prima a la que designó directora financiera.
Cruz Azul que fuera por décadas un organismo social modelo, hoy es símbolo de corrupción, ambición y tráfico de influencias.
Al cierre de esta columna aún seguía la asamblea de socios, es decir, de lo que queda de ellos, pues llegaron a ser hasta 700 y hoy son menos de 400.
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