— Raúl Rodríguez Cortés 29/05/2026
El dictamen de reformas a la ley del Sistema de Medios de Impugnación que busca clarificar específicamente cuándo ocurre injerencia extranjera como para anular una elección fue retirado del orden del día del período extraordinario de sesiones del Congreso y su análisis y eventual aprobación pospuestos hasta el ordinario del mes septiembre próximo.
Esto significa que, no obstante que la Cámara de Diputados ya aprobó la adición al artículo 41 de la Constitución que considera la injerencia extranjera como una causal más de nulidad -lo que seguramente el Senado ratificará-, la nueva disposición no aplicará en los comicios intermedios de 2027, a razón del impedimento legal de hacer cambios en materia electoral noventa días antes del inicio de un proceso comicial, fecha que se cumple el próximo domingo; a menos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decida resolver una eventual impugnación de esa naturaleza mediante la interpretación del precepto constitucional.
La causal de nulidad por injerencia extranjera ha calentado la confrontación en la que siguen trabadas izquierda y derecha que igual advierten, aunque por diferentes razones, graves riesgos de que ocurra un golpe de Estado.
Así de polarizadas están las posiciones político-ideológicas, a grado tal que ayer mismo en la tarde, el diputado Ricardo Monreal Ávila, proponente de esa adición constitucional y presidente de la JUCOPO, solicitó que, por acuerdo de los líderes de todos los grupos parlamentario, por tratarse de un asunto de amplio interés nacional y “para generar un espacio de diálogo, análisis y construcción de consensos”, se retirara y pospusiera el dictamen de la ley del Sistema de Medios de Impugnación.
La adición constitucional propone una cuarta causal de nulidad electoral “cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”.
No obstante, el bloque parlamentario conservador (PAN-PRI-MC, así como algunos legisladores del PT), consideran que el concepto “injerencia extranjera” da lugar a interpretaciones varias y muy amplias que podrían derivar en riesgos políticos, incertidumbre y conflicto postelectoral, uso discrecional de una herramienta legal para que el oficialismo, y su presunta alianza con el crimen organizado, no acepten una derrota legítima en las urnas y promuevan una especie de autogolpe de Estado para perpetuarse en el poder, idea que se reforzó entre ellos luego de que se aprobara que los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral puedan buscar reelegirse en la elección judicial que se pospuso de 2027 a 2028, por lo que podrían mantenerse 17 años en el cargo.
Por el contrario, Morena y el gobierno de la 4T acusan estar sometidos desde ya a la injerencia estadounidense en los asuntos políticos del país con sus constantes amenazas de invasión y aplicación de aranceles, campañas de desinformación, propaganda e infiltración de personal golpista de la CIA y otras agencias, y embestidas vinculadas a grupos de la derecha internacional que operan en países de Europa, Centro y Sudamérica, sin olvidar toda la historia intervencionista protagonizada por Washington, que los lleva a visualizar ahora escenarios como el del golpe de Estado a Salvador Allende en Chile.
En este sentido, la propia presidenta Sheinbaum dijo ver diversos escenarios de injerencia extranjera y recordó, por citar un caso, el financiamiento a la asociación civil “mexicanos contra la corrupción y la impunidad” proveniente de diversas fundaciones estadounidenses y entregado por la embajada de Estados Unidos en México.
Así, atrapado en esos extremos cada vez más densos en los que el ciudadano de a pie observa entre desconfiado y temeroso, el retiro momentáneo de este delicado tema del período extraordinario de sesiones y su posposición al ordinario, resulta una decisión prudente que se aparta de la polarización política y abre espacio a los acuerdos y a la búsqueda de consensos.
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