— Raúl Rodríguez Cortés 25/05/2026
Con solo cinco días de plazo improrrogable para aprobar cualquier reforma de carácter electoral que pueda aplicar en los comicios federales intermedios de junio de 2017, cuyo proceso iniciará en el mes de septiembre próximo, el Congreso sesionará en período extraordinario desde el miércoles 26 de mayo para debatir y aprobar o desechar un paquete de reformas de alto voltaje político.
Las iniciativas presentadas por la presidenta Sheinbaum y la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados tienen el potencial de zarandear los cimientos de la competencia electoral y recomponer las insuficiencias de la reforma judicial, a grado tal que quienes gustan de las figuras retóricas ya le llaman período extraordinario de tensiones al extraordinario de sesiones que viene.
Tensiones que también inquietarán en la semana cuando comparezcan la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, citados a declarar ayer por la Fiscalía General de la República (FGR).
Pero, vayámonos por partes. De último momento y como sacada de la chistera, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, propuso una iniciativa que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad de una elección. Se sumaría a las tres existentes actualmente: el exceso de gastos de campaña, la compra de cobertura informativa en medios y el uso de recursos de procedencia ilícita.
La iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME) especifica que se trataría de “aquellas conductas provenientes del extranjero que impliquen intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación, coacción o cualquier acto que tenga por objeto influir indebidamente en la organización, desarrollo o resultados de los procesos electorales federales o locales”.
La historia muestra que México no ha sido ajeno a la injerencia extranjera en sus procesos democráticos, sobre todo la de Estados Unidos, país que lo ha hecho en ésta y diferentes latitudes, muy recientemente en las elecciones legislativas argentinas de 2025, en las que solo la intervención de Washington explica que arrasara la formación política del presidente Javier Milei.
La exposición de motivos de la iniciativa de marras recurre a otros ejemplos: el de la intervención rusa en las elecciones presidenciales de Ucrania en 2004 que se anularon precisamente por esa causal; y el de “la injerencia extranjera mediante una operación vinculada a redes de desinformación digital y financiamiento opaco” en las también presidenciales de Rumania en 2024, anuladas por el Tribunal Constitucional de ese país.
De hecho, casi todos los gobiernos democráticos europeos tienen entre sus causales de nulidad electoral el de la intervención extranjera, pero centrada sobre todo en el espionaje.
¿Cómo se tipificaría y probaría en México? Es una ambigüedad que podría abrir peligrosas puertas, opinan especialistas en materia electoral.
El expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, comparte la opinión de que la iniciativa se plantea por el temor de que Trump intervenga en las próximas elecciones del país con su reiterado discurso de que México es gobernado por narcos. Sin embargo, al igual que el exsubsecretario de Gobernación, Jorge Alcocer Villanueva, bien podría tratarse de un recurso más para que, ante señalamientos de esa naturaleza, Morena gane en tribunales lo que pierda en las urnas o, dicho de otra forma, para perpetuarse en el poder.
Otra de las iniciativas que va al período extraordinario de sesiones es la que pasa de 2027 a 2028 la segunda parte de la elección vía voto popular de jueces y magistrados, y que -según comentamos aquí en la entrega pasada- pretende enmendar los fallos emergidos en un año de vigencia de la reforma judicial.
Esa iniciativa plantea recuperar, ahora con dos secciones, las dos salas eliminadas que descargaban la saturación de casos en el pleno de la Corte; endurecer los mecanismos de evaluación y selección de los perfiles de candidatos a posiciones jurisdiccionales; y simplificar la elección, ya sin acordeones.
Lo que no subsana -y ahí está lo explosivo de este tema- es la contradicción existente dentro de la Constitución respecto a la forma de elegir al presidente del máximo tribunal: rotación cada dos años conforme al número de votos obtenidos o elección cada cuatro años por el pleno de ministras y ministros.
La tercera iniciativa es la que propone crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidatos para evitar la postulación de personas ligadas a grupos delictivos. Se trata de una respuesta a las escandalosas acusaciones de complicidad criminal y electoral con el narcotráfico fincadas por una corte de Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la detención en Morelos por esos mismos delitos del presidente municipal de Atlatlahucan, Agustín Toledano, y el ex munícipe de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, como parte de la Operación Enjambre.
La comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un período de tres años por el consejo general del INE que tendrían acceso directo a la información de instancias como Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la FGR, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Pero al conocer los detalles de la propuesta, se debilita el objetivo al tratarse de una medida de carácter estrictamente voluntario que deja en manos de los partidos políticos el someter a dicha comisión sus listas de candidatos, en lugar de dotarla de dientes.
En este sentido el PAN propone que al partido que se le demuestren vínculos con la delincuencia organizada, se le retire el registro.
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