— Raúl Rodríguez Cortés 17/05/2026
Muchos cabos que andaban sueltos y que se ataron este fin de semana permiten suponer con alto grado de certeza que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pronto será detenido.
Quizás ocurra aquí en México, porque hubo procederes inequívocos de la existencia de las pruebas exigidas a la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el gobierno de Sheinbaum para meterlo en prisión provisional con fines de extradición; o tal vez en suelo estadounidense si Rocha Moya decide -como ya lo hicieron dos de sus presuntos cómplices- entregarse allá al tribunal que lo reclama por presuntamente proteger al cártel de Sinaloa a cambio de sobornos, apoyo económico-político-electoral e impunidad, para acogerse al programa de testigos protegidos y atenuar su eventual condena.
Su captura demoraría un poco más si al evaluar cómo se han puesto las cosas, decide evadirse de la justicia, escenario que no debe soslayarse, aunque parece ser el menos probable en las actuales circunstancias.
Para la construcción de estos escenarios son cruciales algunos hechos que se conocieron y otros que ocurrieron el viernes pasado.
Ese día se confirmó que el lunes 11 de mayo pasado, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien fuera secretario de Seguridad de Rocha Moya en los meses más cruentos de la guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, cruzó la frontera por decisión propia, luego de pactar su entrega. Lo hizo por Nogales, Sonora y al pisar Tucson, ya en Arizona, lo esperaban los US Marshals quienes, el viernes pasado, lo entregaron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para ser ingresado después al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde están recluidos, entre otros, Ismael “El Mayo” Zambada y Nicolás Maduro.
Al ser presentado, el militar en retiro de alto rango, con conocimiento y mando en regiones críticas del país como Michoacán y Oaxaca, además de cercano al grupo del también general en retiro, Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, con quien se ocupó de la Escuela Militar de Inteligencia, se declaró no culpable, pero luego, al comparecer ante la jueza Sarah Netburn, presentó un primer paquete de información sobre el caso que lo involucra junto con Rocha Moya, se le consideró testigo colaborador y abrió la puerta para convertirse en testigo protegido.
Al mediodía del viernes pasado se supo de la llamada telefónica que sostuvieron los presidentes Sheinbaum y Trump. El estadounidense regresaba de su reunión en Beijing con el mandatario chino Xi Jiping. Es francamente increíble que Trump y Sheinbaum no hablaran del caso Rocha Moya, de la entrega en Estados Unidos de un general mexicano de alto rango y de lo que se informaría minutos después: que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobernador con licencia de Sinaloa, también había pactado su entrega voluntaria. Voló a Nueva York desde Irlanda, donde se ocultaba, y ofreció colaboración a quienes lo acusan, a cambio de atenuar su eventual condena.
Y, por si algo faltara, trascendió la información de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había congelado cuentas de Rocha Moya e hijos, lo que no confirmaron oficialmente, pero tampoco desmintieron, la secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Algunas instituciones financieras dijeron que había bloqueos de cuentas solo de un familiar.
En fin y dicho de otra forma: empezaron a cantar el presunto responsable de la interlocución con los grupos delictivos y el hombre que manejaba el dinero. De la triada de confianza de Rocha Moya solo faltaría quien, como secretario de Gobierno en esos momentos, se ocupaba de la operación política, el hoy senador Enrique Inzunza de quien se rumoró todo el día de ayer que evaluaba la posibilidad de entregarse por voluntad propia.
Las entregas voluntarias de dos de los dos principales coacusados de Rocha Moya dejan constancia de hay pruebas razonablemente fundadas de las imputaciones contra el gobernador con licencia.
Todos los escenarios siguientes tendrán altos costos políticos para el gobierno, la 4T y Morena. De más a menos: que se evada y confirmé la generalizada percepción de que se le encubrió; que se entregue y opte por la protección de testigos; o que se le detenga aquí provisionalmente y con fines de extradición en estrictos términos de ley.
Esta última parece ser la mejor para el país al dejar a un lado la confrontación directa con el intervencionismo de Trump, pero sin que el la 4T evite el desprestigio y la posición de debilidad desde la que deberá renegociar el T-MEC y otros temas cruciales como los de la inmigración.
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