— Agencias 17/05/2026
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través de los Órganos Internos de Control en el ISSSTE, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), en la Guardia Nacional (GN) y en la Secretaría de Cultura, sancionó a 10 servidores públicos por infracciones no graves, con inhabilitaciones que alcanzaron hasta los nueve meses.
A través de un comunicado, explicó que en el caso del ISSSTE, inhabilitó por nueve meses a Jorge C., médico especialista, por omitir el diagnóstico y tratamiento postoperatorio de un paciente menor de edad con fractura de cadera; en Semarnat, inhabilitó por tres meses a Maricela T., subdirectora de Redes, por no rendir cuentas al concluir su cargo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; en ASA suspendió por 22 días a Hugo H., jefe de departamento de Edificaciones, por no supervisar la ejecución de contrato de obra pública.
En la GN suspendió por 15 días a los guardias Daniel G., Eder L. y Víctor V. por presentar certificado carente de validez; por 15 días al guardia Amsi R. por extraviar equipo táctico; por 15 días al guardia Sergio G. por retirarse del área de servicio sin autorización; y por 15 días al guardia Moisés R. por manejar de forma negligente una radiopatrulla que ocasionó daños a la misma.
En Cultura suspendió por 15 días a Alejandro H., jefe de departamento de Organización Documental, por faltas de respeto de índole sexual.
En otro caso, inhabilitó por un año a Pedro C., médico especialista, por realizar tocamientos indebidos a una paciente durante consulta médica en la Clínica de Especialidades Neuropsiquiatría en Tlatelolco.
Precisó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso la sanción derivado de las acciones de investigación realizadas por el Órgano Interno de Control en el ISSSTE, en las que se obtuvieron las pruebas que demostraron la infracción grave.
La dependencia destacó que las sanciones se impusieron conforme a la ley.
Añadió que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar y, en caso de hacerlo, la secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fueron dictadas, es decir, apegadas a derecho y respaldadas en evidencia.
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