— Mario Maldonado 11/05/2026
Se anticipa otra semana crítica para la 4T. En el gabinete presidencial esperan una nueva ofensiva desde Washington contra políticos mexicanos señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Departamento de Justicia prepara la revelación del nombre de por lo menos otro gobernador de Morena, mientras que alista las solicitudes de otros funcionarios ligados al oficialismo.
La semana pasada, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anticipó que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos por nexos con los cárteles —considerados terroristas—, a partir de información entregada por criminales sentenciados y testigos colaboradores en cortes estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum ya lo sabe. Quizá por eso ordenó acelerar las investigaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y contra su círculo político más cercano. En Palacio Nacional saben que si la Fiscalía General de la República no judicializa los expedientes, Estados Unidos simplemente podría activar un operativo en territorio mexicano para llevárselo por la fuerza.
El problema es que Sheinbaum también decidió enfrentar a Donald Trump y colocarse en una lógica de confrontación con un mandatario de temperamento explosivo. Esa ruta preocupa a varios personajes dentro y fuera del gobierno, porque el presidente estadounidense ya habla de intervenciones.
La semana pasada fue particularmente dura contra la 4T. Trump dijo que los cárteles “gobiernan México y nadie más”. También advirtió que, si el gobierno no hace su trabajo contra el narcotráfico, Estados Unidos lo hará. La andanada forma parte de una narrativa que ya dejó de concentrarse sólo en fentanilo y seguridad fronteriza para entrar de lleno en la narcopolítica mexicana.
La Casa Blanca además presentó la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, en la que México aparece como una prioridad para contener el tráfico de fentanilo y atacar a los cárteles. El documento endurece el tono y coloca los resultados antidrogas como una condición para mantener la cooperación bilateral en materia de seguridad. Washington quiere más detenciones y extradiciones.
La presión subió otro escalón con la revisión de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, una medida que podría derivar en cierres y que fue confirmada por funcionarios del Departamento de Estado. En otro momento habría parecido un asunto administrativo, pero en el contexto actual se lee como parte de una estrategia integral contra México, justo antes del Mundial de 2026 y de la revisión del T-MEC.
A esto se suma el episodio de Chihuahua, donde la participación de presuntos agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio abrió otra herida. La FGR llamó a declarar a unas 50 personas y abrió investigaciones por el laboratorio y por la posible presencia irregular de agentes extranjeros. El hallazgo fue enorme, con miles de litros de precursores y metanfetamina, pero políticamente el golpe fue mayor.
Por todo esto, la semana que comienza puede marcar un nuevo grado de hostilidad. Si el Departamento de Justicia solicita la detención de otro gobernador, Sheinbaum deberá tomar decisiones más radicales.
Por lo pronto, en el gobierno ya hay una instrucción: la de no defender públicamente a Rocha Moya. La línea para los voceros de Morena es decir que las autoridades investigan y que ellas tendrán la última palabra.
Trump está midiendo los tiempos políticos de Estados Unidos. En noviembre se juega su futuro con la elección intermedia. El presidente parece buscar una justificación para llevar a cabo una intervención en México, pues considera que le generaría popularidad.
Así que México entra a otra semana crítica. Y la presidenta Sheinbaum, al mismo tiempo que ordena acelerar las investigaciones contra sus propios correligionarios, parece dispuesta a llevar el choque con Trump hasta sus últimas consecuencias.
Posdata
La semana pasada, la ministra Loretta Ortiz Ahlf defendió públicamente su participación en los litigios relacionados con el control de la Cooperativa La Cruz Azul, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación evitara pronunciarse sobre el fondo del posible conflicto de interés planteado en su contra. El proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía desechó el impedimento por razones procesales, lo que permitió a la ministra sostener que no existe impedimento para conocer asuntos vinculados con la cementera.
Sin embargo, los cuestionamientos no surgieron de una especulación, sino de hechos documentados. Loretta Ortiz ha hecho pública su cercanía con Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul, a quien agradeció en redes sociales por “hacer posible” un encuentro con cooperativistas. A eso se suma un dato aún más delicado. Renata Yuliana Velázquez Reynoso, hija de Velázquez, trabaja en la ponencia de la ministra, de acuerdo con registros públicos del máximo tribunal y su declaración patrimonial. Antes laboró en Ramírez Ornelas Abogados, firma que ha asesorado a la cooperativa en litigios relacionados con su control interno.
Cruz Azul arrastra una guerra corporativa y judicial de años, con acusaciones de desvío de recursos, disputas por activos multimillonarios y el enfrentamiento entre el grupo del exdirector Guillermo “Billy” Álvarez y el encabezado por Velázquez. En ese contexto, Loretta Ortiz ha impulsado la atracción de diversos expedientes relacionados con la cooperativa hacia la Corte. Uno de los más relevantes es el amparo directo 46/2025, vinculado con la denuncia por defraudación fiscal contra Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la cementera y operador histórico del grupo de Billy Álvarez.
Lo que erosiona a la Corte no es sólo el componente legal, sino las señales que envía. Puede argumentarse que no existe una causal automática de impedimento, pero lo que resulta mucho más difícil de justificar es que una ministra con cercanía pública con uno de los actores centrales del conflicto, y cuya ponencia integra a la hija de ese mismo personaje, intervenga en expedientes que impactan directamente la disputa por el control de la cooperativa.
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