— Ricardo Homs 02/05/2026
El caso del linchamiento mediático y político al que están sometiendo a la gobernadora panista de Chihuahua, -Maru Campos-, es de una hipocresía ofensiva.
A una falta administrativa, -como debe ser considerado el descuido cometido por la gobernadora Maru Campos-, los morenistas del Senado la califican ya como “traición a la patria” y en contraste, desestiman una gravísima acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rocha Moya y nueve funcionarios morenistas más, sobre quienes pesan acusaciones que los vinculan con protección al cártel dominante en la entidad y en muchas zonas del país.
¿Qué acusación es más grave?Sin embargo, a Rocha Moya y al senador Insunsa los senadores morenistas y la presidenta Sheinbaum los protegen. De entrada, han desestimado las acusaciones norteamericanas y la cancillería ya rechazó la petición de extradición por falta de sustento.Además, la cancillería tomó la estrategia ofensiva, haciendo llegar un extrañamiento a la embajada norteamericana por haber filtrado públicamente la información.El conflicto con Estados Unidos parece inevitable y las repercusiones para nuestro país serían de alto impacto, empezando por sus consecuencias en la renegociación del TMEC. Seguramente en Palacio no están leyendo bien las señales, o en un arranque de soberbia característico del morenismo, -con visión localista-, minimizan las presiones que vendrán en el futuro.
Arroparse en una visión patriotera, calificando a la oposición como oportunistas que salieron a buscar protección extranjera como hicieron los conservadores hace poco más de 150 años, es un discurso barato y fuera de época en la era de la globalización, cuando México ha firmado muchos compromisos con organismos internacionales y con otros países, como son los tratados de “extradición”, lo cual tiene sustento jurídico. ¿De dónde vendrá la información que seguramente pronto presentará la fiscalía norteamericana? … pues seguramente de declaraciones de quienes fueron la contraparte corruptora, o sea los miembros del crimen organizado que hoy colaboran con la justicia de ese país.
El panorama se ve confuso para los liderazgos del morenismo. No olvidemos que el vicealmirante Farías Laguna, -supuesto protagonista del huachicol fiscal por 600 mil millones de pesos, o sea 30 mil millones de dólares-, está en manos de la justicia argentina, que hoy juega del lado norteamericano a partir de la hermandad del presidente Milei con el presidente Trump y para con quien el gobierno mexicano no ha sido amable ni respetuoso. Esta cifra de 600 mil millones de pesos, -según calculan los expertos-, hace palidecer la cifra de 7 mil millones de pesos de la denominada “estafa maestra” que llevó a la cárcel a Rosario Robles. 600 mil millones implican una operación muy coordinada y profesional, realizada por una organización criminal muy grande y compleja.Ante una petición de extradición por parte de México y al mismo tiempo de Estados Unidos, ¿por quién resolverá la justicia argentina?
Añadamos que el mismo inculpado, -vicealmirante Farías-, ya pidió asilo al gobierno argentino al sentir el riesgo de ser asesinado si llega a una cárcel mexicana. Las muertes violentas de los tres altos oficiales de la Armada de México le darán la razón ante el gobierno argentino. ¿Qué tanta información estará dando ya el vicealmirante a las autoridades argentinas, que de ahí llegará directamente al gobierno del presidente Trump?Hoy todo tiene consecuencias y la participación de nuestra presidenta en la cumbre anti Trump de Barcelona, genera un contexto que no ayuda a mediar con el gobierno norteamericano, nuestro vecino de “al lado” y nuestro principal socio comercial.Quizá la acusación más grave que enfrenta el gobernador Rocha Moya, -de entre los argumentos norteamericanos para pedir su extradición-, es lo relativo al apoyo que él obtuvo del poderoso cártel local para ganar la elección en 2021.
No olvidemos que el candidato del PRI a la gubernatura de Sinaloa, -el senador Mario Zamora-, fue hostigado por el cártel local y todas las cabezas de grupo de su equipo fueron secuestrados, reteniéndolos mientras pasaba el día de la elección. Sin embargo, este gobierno no realizó investigación alguna sobre este hecho violento con repercusión electoral, y por ello los dirigentes del PRI, PAN y PRD viajaron a Washington el 23 de agosto del 2021 para entregar a Luis Almagro, secretario general de la OEA, a Tania Reneaum de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros importantes funcionarios un expediente de 53 páginas donde describían con precisión los delitos cometidos por el crimen organizado en esa elección, para favorecer a los candidatos de MORENA en Sinaloa.
Tampoco olvidemos que siendo presidente López Obrador visitó Badiraguato seis veces para supervisar la construcción de la carretera Badiraguato- Guadalupe y Calvo. ¿Qué otras carreteras él supervisó directamente durante su gestión como presidente?No sobra recordar que durante el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, -catalogado como una administración donde prevaleció la corrupción-, el mismo gobierno federal y la FGR investigaron y se encargaron de encarcelar a varios gobernadores de su propio partido: a Tomás Yarrington, de Tamaulipas; a Javier Duarte, de Veracruz; a Roberto Borge, de Quintana Roo; a Andrés Granier Melo, de Tabasco y a Jesús Reyna, de Michoacán, -y además-, a los panistas Guillermo Padrés, de Sonora y a Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes.
En contraste, cada vez que se denuncia a un gobernante de MORENA, este régimen morenista le exculpa y protege, desde la presidencia de la república.
Difícil conocer los pensamientos profundos de los líderes morenistas, pero por los indicadores que se perciben se vislumbra que el grupo cercano a López Obrador siente el agua en el cuello y están presionando para desconocer los tratados de extradición con Estados Unidos, aún a costa del rompimiento de relaciones con ese país. Las fieras en peligro son una amenaza mortal.
La presidenta se encuentra en la disyuntiva de optar por una de las dos alternativas y posiblemente esté evaluando cuál de las dos es la menos peor: evitar el conflicto con Estados Unidos aún a costa de una rebelión interna morenista detonada por los allegados a López Obrador, o entonces arroparse internamente en el partido y enfrentar las consecuencias del rompimiento con Estados Unidos, lo cual traería graves consecuencias para el país, e incluso para ella misma.
En el primer caso, -pasada la crisis interna-, ella se fortalecería, sustentada en el poder que le otorga el Estado Mexicano, lograría el control total de su movimiento y se desembarazaría del sector morenista indefendible y conflictivo, considerando que MORENA ha abierto las puertas a los oportunistas que sólo generan problemas.
Si optase por la segunda opción, la impunidad volvería aún más soberbios a los morenistas que han estado fuera de la ley y el contubernio entre delincuencia y autoridades menores volvería a México un país incontrolable, con la pérdida de inversiones, problemas financieros y el riesgo de que Estados Unidos de forma unilateral tome sus propias decisiones.
El tema importante para los mexicanos es saber si hoy existe en nuestra presidenta la voluntad política para hacer honor a los compromisos internacionales firmados por México, como son los tratados de extradición.
Y además, internamente analizar todas las pruebas que existen en contra del gobernador y permitir a las instituciones judiciales enjuiciarlo.
De no hacerlo, este régimen simplemente seguirá la ruta de proteger a los de casa, -como si pertenecieran a una cofradía de intocables-, y fustigar a la oposición.
Lo que está en juego es el respeto al Estado de Derecho.
Desinformación líneas telefónicasLa campaña mediática para promover el registro de las líneas telefónicas ha sido un fracaso.
Si bien en un inicio se hablaba de la obligación de los usuarios de la telefonía de compartir su información biométrica, esto ha cambiado y hoy sólo se exige la presentación de la CURP, lo cual no compromete al usuario y sí le da certeza a la propiedad de líneas telefónicas. Sin embargo, el Gobierno Federal no se ha preocupado por hacerlo saber a la ciudadanía y la reticencia ciudadana persiste suponiendo que le exigirán datos biométricos.
Es un grave problema que en los reclusorios siga habiendo señal telefónica y el sistema corrupto que existe en las cárceles permita la entrada de dispositivos móviles desde donde salen las llamadas de extorsión.
Los custodios cobran a los reclusos por cada teléfono celular que tienen disponible. ¿No debieran iniciar desde ahí este programa de reordenamiento? ¿Obligarán a los reclusos a registrar sus números telefónicos?
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