— Melannie Flores 02/05/2026
El Gobierno de Múzquiz instaló un módulo itinerante de CERTTURC en Villa de las Esperanzas para acercar trámites de regularización y brindar certeza jurídica a las familias de la comunidad.
El 2 de mayo de 2026, en Villa de las Esperanzas, Múzquiz, Coahuila, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó la instalación de un módulo itinerante de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica (CERTTURC), con el objetivo de facilitar a la población el acceso a trámites de regularización de predios y fortalecimiento de la certeza jurídica.
Acercan trámites de regularización a la ciudadanía
Durante el arranque de actividades, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de acercar servicios de seguridad jurídica patrimonial a las familias de la región, señalando que este tipo de acciones permiten atender directamente las necesidades de la población sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.
El módulo itinerante de CERTTURC permitirá que los habitantes inicien o den seguimiento a procesos de escrituración, regularización de terrenos y asesoría legal en materia de tenencia de la tierra.
Autoridades respaldan la instalación del módulo
En el evento estuvieron presentes Miguel Ángel Leal, director de CERTTURC; Edier Sandoval, coordinador regional del organismo; Romaldo Hernández Álvarez, director municipal de Tenencia de la Tierra; Cristina Riojas, coordinadora de la Villa de las Esperanzas; y la notaria pública número uno, Elena de Jesús Isaac Guajardo, quienes respaldaron la implementación del módulo como una acción clave para fortalecer la certeza jurídica de las familias de Múzquiz.
Beneficio directo para las familias
Con esta iniciativa, el Gobierno Municipal de Múzquiz busca fortalecer la regularización de predios y garantizar mayor seguridad en el patrimonio de las familias, impulsando programas que acerquen soluciones legales directamente a las comunidades.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con instancias estatales para mejorar el acceso a servicios esenciales en materia de tierra y propiedad.
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