VANGUARDIA/EL TIEMPO
Los cinco partidos políticos que perdieron el registro en la elección del 4 de junio pasado, por no lograr el 3 por ciento de la votación válida emitida, sólo tendrán vida mientras que el Tribunal Electoral resuelve sus impugnaciones, después lo cual deberán regresar al erario estatal sus prerrogativas que este año sumaron casi 45 millones de pesos.
Gabriela de León Farías, presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), dijo que ya fueron nombrados los interventores que tendrán la función de administrar y liquidar a los partidos políticos que perdieron el registro.
Los institutos que no alcanzaron una votación de al menos el 3 por ciento en los comicios del 4 de junio fueron el Partido Social Demócrata Independiente (PSDI), que recibió 9.9 millones de pesos; el Partido Joven (PJ), 7.8 millones; el Partido Primero Coahuila (PPC), 11.31; el Partido Campesino Popular (PCP), 8 millones y el Partido de la Revolución Coahuilense (PRC), que ejerció 8.6 millones de pesos.
“Va a empezar el proceso de liquidación”, informó De León Farías. “Se fijaron honorarios entre 17 y 20 mil pesos mensuales (de los interventores), pero todavía está eso en proceso”.
Los interventores deberán ser pagados con dinero de las prerrogativas que alcanzaron los propios partidos en liquidación y todos son externos, en su mayoría auxiliares o colaboradores del Colegio de Contadores de Saltillo.
“Ellos tendrán la obligación de obtener una cuenta bancaria y el Instituto les depositará en esa cuenta bancaria (las prerrogativas) y ellos deberán administrar todo el patrimonio del partido hasta su total liquidación”, señaló la presidenta del Consejo General del IEC.
Los partidos quedarán liquidados una vez que el Tribunal Electoral resuelva sobre las impugnaciones de cuatro de los cinco partidos en proceso de liquidación.
“Tienen vida”, explicó la Presidenta del IEC, “hasta en tanto el último medio de impugnación sea resuelto”. El dinero remanente de prerrogativas de los partidos en liquidación deberá ser regresado a las arcas estatales, de dónde provenía.