— Raúl Rodríguez Cortés 16/01/2026
A decir de la presidenta Sheinbaum en la mañanera de ayer aún se está definiendo si la reforma político-electoral que promueve su gobierno entraría en vigor en las elecciones federales intermedias de 2027 o hasta las presidenciales de 2030.
Lo más probable es que quede lista para su aplicación en los comicios del año que entra, si nos atenemos a las prisas que se perciben en el Palacio Nacional y en las cámaras del Congreso; y a la intensa agenda de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que preside Pablo Gómez.
Acaso Sheinbaum machacó en esa indefinición para resaltar que el debate sobre el carácter democrático o autoritario de dicha reforma ha polarizado opiniones cuando ni siquiera hay una propuesta formal ni se conocen sus verdaderos términos.
Se espera que la propuesta de iniciativa se conozca la semana que entra, aunque se estima que la cámara de origen (muy probablemente la de diputados) difícilmente podrá dictaminarla antes de que termine enero, por lo que se espera ocurra en la primera o segunda semana de febrero, ya en período ordinario de sesiones del Congreso, según pudo saberse tras la reunión que la presidenta Sheinbaum tuvo la noche del miércoles pasado en el Palacio Nacional con los integrantes de la comisión para la reforma electoral y los liderazgos de Morena en las cámaras de diputados y de senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, respectivamente.
Sobre el posible contenido de la reforma que ha confrontado opiniones entre quienes ven en ella un fortalecimiento democrático acompañado de la necesidad de reducir el altísimo costo de los comicios y quienes desenmascaran con sus análisis un afán de control político y de perpetuación en el poder de Morena y aliados, hay aspectos cruciales que se han podido ir clarificando.
Uno de ellos tiene que ver con la barbaridad externada por Pablo Gómez de que el INE no requiere ser autónomo. En esa característica se fundó su credibilidad y la certeza de que el voto se cuenta y cuenta sin que haya mano negra del gobierno como ocurrió durante el largo período del priismo.
Despojar de autonomía al órgano electoral sería un grave retroceso democrático y tendría un alto costo político para la 4T. De ahí que la propia Sheinbaum declarara ayer que la autonomía del INE está garantizada.
Sobre la eventual reestructuración del órgano electoral, el documento de trabajo de la reunión del miércoles en el Palacio Nacional plantea -en sentido contrario a una propuesta original- que los consejeros electorales no serán elegidos por voto popular y que se mantendrá el actual mecanismo para nombrarlos que lleva a cabo la Cámara de Diputados.
La relatoría de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral incluye también entre sus propuestas reducciones presupuestales de hasta 30 por ciento al INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a las prerrogativas de los partidos políticos, así como en el endurecimiento de la fiscalización del gasto de estos últimos mediante cuentas mancomunadas con el órgano electoral.
Uno de los puntos más polémicos de lo que se sabe será la reforma político-electoral es la eliminación o reducción de los diputados y senadores plurinominales. La relatoría de la comisión de reforma electoral plantea una reducción de 500 a 400 diputados, 300 de los cuales serán de mayoría y solo cien de representación proporcional; mientras que en el Senado desaparecerían todos los plurinominales para bajar de 128 a 96 escaños.
Las voces críticas tanto de la oposición como de la academia advierten que con esa reforma se acabará con la representación de las minorías, una conquista por la que lucharon insistentemente quienes ahora detentan el poder, entre ellos el propio Pablo Gómez, de quien aseguran que llegó a todos sus cargos legislativos por la vía plurinominal lo que, dicho sea de paso, es inexacto pues el hoy presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha sido cuatro veces diputado federal (la primera vez por la vía plurinominal y las otras tres por mayoría), una ocasión senador de mayoría y en otra más legislador capitalino de representación proporcional.
La presidenta Sheinbaum salió al paso de tales señalamientos al declarar que la representación de las minorías queda garantizada con los términos de la propuesta de reforma, pero ya sin que sean posiciones de las cúpulas partidistas y mediante un nuevo método de elección de listas sometidas al sufragio popular.
Sin embargo, el tema de los plurinominales podría paralizar la reforma, ya que los aliados de Morena, esto es, el Verde y el PT, han manifestado su descontento con la reducción de asientos. Y es que su fuerza radica precisamente en la representación proporcional. Por esa razón aún no han comprometido su respaldo a una reforma que, por requerir al menos de doce cambios constitucionales, debe gestionarse mediante mayoría calificada, es decir, dos terceras partes del total de los votos: 334.
Morena tiene en la Cámara de Diputados 253 curules y necesita de los 111 que suman sus aliados (62 del Verde y 49 del PT) para completar la mayoría calificada. En el Senado, mientras tanto, se requiere una mayoría calificada de 86 votos y Morena solo tiene 67. Requiere de los 20 de sus aliados (14 del Verde y seis del PT).
Las negociaciones para reafirmar la alianza oficialista empezaron ayer mismo, pero se ven complicadas. Se sabe, no obstante, de una negociación ya amarrada para sacar adelante a la reforma electoral. De ella le contaré en la próxima entrega.
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