— Agencias 11/01/2026
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó un recuento electoral tras el triunfo de Nasry Asfura, alegando irregularidades no resueltas y respaldo legislativo.
La presidenta hondureña Xiomara Castro decretó un recuento de las elecciones presidenciales de noviembre, ganadas por Nasry “Tito” Asfura, al afirmar que existen votos e impugnaciones pendientes no revisados por la autoridad electoral.
Recuento electoral ordenado por Xiomara Castro
La mandataria explicó que el decreto responde a la negativa del consejo electoral de contabilizar 4.774 papeletas electorales y revisar 292 impugnaciones, situación que, aseguró, compromete la transparencia del proceso. Castro indicó que la medida cuenta con el respaldo de 69 legisladores del Congreso.
Elecciones presidenciales y llamado a Donald Trump
En un mensaje publicado el sábado en la red social X, Castro invitó al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reunirse o sostener una llamada telefónica para “abordar la situación electoral en Honduras con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia”, en referencia al apoyo político que ha expresado hacia Asfura.
Postura de Estados Unidos sobre la elección en Honduras
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. advirtió que “los intentos de anular ilegalmente las elecciones de Honduras tendrán graves consecuencias” y señaló que espera trabajar con Nasry Asfura, declarado ganador del proceso electoral.
Victoria de Nasry Asfura y proceso de impugnación
Asfura, empresario del sector de la construcción, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales el 24 de diciembre, tras un recuento prolongado y caótico. Superó por un margen estrecho a Salvador Nasralla, personalidad de la televisión, quien posteriormente presentó una impugnación de los resultados.
Retraso del conteo y reacción internacional
La autoridad electoral tardó más de tres semanas en confirmar el resultado oficial. Posteriormente, ocho países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica y Bolivia, rechazaron el decreto de Castro al considerar que desconoce a la autoridad electoral y socava las instituciones democráticas. En una declaración conjunta, exhortaron a una transición pacífica y al diálogo.
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