— Agencias 21/12/2025
La SHCP precisó el alcance de los acuerdos fiscales con la FIFA. Los beneficios, criticados como amplios, fueron limitados por la actual administración.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró este domingo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acotó significativamente los beneficios fiscales pactados por la administración de Enrique Peña Nieto con la FIFA para la Copa Mundial de Fútbol 2026, los cuales solo aplicarán a sujetos directamente involucrados en la organización y hasta el ejercicio fiscal 2026.
La dependencia federal emitió un comunicado para responder a las críticas surgidas en medios y redes sociales, las cuales señalaban que México había otorgado una "exención total" o un "cheque en blanco" al organismo rector del fútbol mundial.
Adecuación de acuerdos previos
La SHCP detalló que, desde el inicio del gobierno actual, se realizaron mesas de trabajo con la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para adecuar las medidas de la Garantía Gubernamental firmada en enero de 2018. El objetivo fue limitar su alcance en apego al marco jurídico nacional.
Vigencia y sujetos beneficiados
Un logro clave, según la dependencia, fue acotar la vigencia de los beneficios para que sean aplicables exclusivamente hasta el ejercicio fiscal 2026. Además, se estableció que estos solo protegen a los sujetos directamente involocr ados en la organización y celebración del torneo, consistiendo en la liberación de ciertas obligaciones formales y de pago.
Contrapartes sí pagarán impuestos
Un punto crucial de la aclaración es que aquellas contrapartes no incluidas directamente en la norma que participen en juegos y eventos en México sí deberán pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR). La SHCP enfatizó que estos límites se lograron mediante acuerdos, sin necesidad de litigios.
Contexto de las críticas
La postura de Hacienda surge luego de publicaciones que alertaban sobre el impacto fiscal del megaevento. Un medio nacional destacó este domingo que los gobiernos federal y locales garantizarán exenciones y costearán infraestructura, lo que representaría un "golpe" al erario y podría implicar endeudamiento.
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