— Mario Maldonado 12/12/2025
Claudia Sheinbaum ha enviado varios mensajes a sus correligionarios; algunos en forma de alerta y otros en forma de amenaza. A los integrantes del movimiento que la Presidenta considera impresentables los ha mandado a investigar, a sabiendas de que los resultados de esas pesquisas serían explosivos.
En dicha estrategia, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha sido central. Su control de la inteligencia y las investigaciones lo han convertido en el funcionario más eficiente y temido del gabinete presidencial. Y de la Presidenta. Si bien su figura de buen interlocutor, pragmático y resolutivo lo han catapultado en la administración pública, la realidad es que su mano dura se ha sentido entre el morenismo “rebelde”.
El caso más reciente es el del diputado federal de Morena, Pedro Haces, el líder de la Catem que fue vinculado públicamente con Clemente Salazar “El Limones”, señalado por delitos de delincuencia organizada, extorsión y presuntos vínculos con grupos criminales en Durango. En los registros de inteligencia aparecen también otros morenistas, entre ellos Marina Vitela, exalcaldesa de Gómez Palacio y excandidata de Morena al gobierno de Durango, igualmente captada con el mismo personaje.
El anuncio de su detención, el mismo día que Haces rendía su primer informe como diputado federal, arropado por Ricardo Monreal y Sergio Luna, no fue una coincidencia.
Otro golpe sobre la mesa fue la salida forzada de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. Más allá de la falta de resultados, las filtraciones constantes de expedientes y los señalamientos de corrupción interna, el punto de quiebre fue el otorgamiento de un criterio de oportunidad al empresario Raúl Rocha Cantú, acusado de tráfico de combustibles, armas, lavado de dinero y delincuencia organizada. Gertz lo hizo sin consultar al gobierno federal, pese a que la investigación fue iniciada desde el área de seguridad encabezada por García Harfuch. La decisión no solo debilitó casos clave, sino que rompió una línea de mando de Sheinbaum en casos sensibles.
El tercer frente es el más político y, quizá, el más personal. El caso de “La Barredora”, que alcanzó a Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado y uno de los principales rivales de Sheinbaum en la contienda interna por la Presidencia. A López Hernández se le han acumulado escándalos, filtraciones y señalamientos que han dinamitado sus aspiraciones futuras. La presidenta no puede removerlo del Senado, pero sí ha logrado algo más eficaz: aislarlo políticamente. Paradójicamente, Sheinbaum recurrió a Adán Augusto para operar la salida de Gertz Manero, pero eso no cambia el objetivo final, que es sacarlo del poder real y relevarlo en la coordinación de la Cámara Alta.
Un cuarto mensaje apunta directamente a las Fuerzas Armadas. El expediente del huachicol fiscal —particularmente el auspiciado desde redes vinculadas a la Marina— involucra a los Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario Rafael Ojeda. La investigación fue iniciada por la inteligencia civil de García Harfuch y continuada, no sin filtraciones, por la FGR. Esa fue una señal de que la presidenta no aceptará más corrupción, ni siquiera en las instituciones que acumularon poder y privilegios en el sexenio pasado. De hecho, la relación entre el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, y García Harfuch ya no es tan buena: han surgido fricciones que reflejan un reacomodo en la arquitectura del poder civil-militar.
Sheinbaum también busca controlar el Congreso. En su momento quiso colocar a Ernestina Godoy en la coordinación de Morena en el Senado, pero la salida anticipada de Gertz Manero alteró ese momento. En Diputados, impulsa a Alfonso Ramírez Cuéllar, para cuando Ricardo Monreal pueda ser relevado. En el equipo presidencial se comenta que estos cambios siguen en la agenda y que, eventualmente, la coordinación en el Senado podría recaer en Citlalli Hernández, senadora con licencia y actual secretaria de las Mujeres.
La presidenta Sheinbaum está ejerciendo, a su manera y posibilidades, ese “poder suave” contra sus correligionarios, algunos quienes fueron sus competidores en el proceso interno de Morena y otros a quienes no puede ver en pintura… pero que tampoco puede meter a la cárcel.
Posdata
Sobre este mismo tema, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunieron con los 32 gobernadores del país para suscribir el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, un pacto para coordinar políticas públicas, armonizar legislaciones y unificar la respuesta institucional frente a este delito que no ha cedido pese a la nueva estrategia de seguridad. El objetivo central del convenio es que las entidades homologuen las leyes y protocolos en torno a la extorsión para que la investigación y persecución del delito se realice de manera más eficaz y coordinada entre federación y estados.
La medida responde a que la extorsión sigue siendo el único delito de alto impacto con tendencia al alza, lo cual llevó a que, a partir de la reforma aprobada por el Congreso, ahora este ilícito pueda ser perseguido de oficio y atraído por la Fiscalía General de la República, sin necesidad de que la víctima presente la denuncia. En la práctica, estas reformas implican penas más severas y mayor participación de instancias federales en casos locales, con la intención de aliviar la carga sobre las víctimas y cerrar vacíos legales que dificultaban una acción conjunta.
En la sesión donde se formalizó el acuerdo, autoridades también acordaron crear o fortalecer unidades especializadas en fiscalías estatales, robustecer la operación del número 089 para atención de denuncias, y elaborar un manual nacional que unifique los procesos de recepción, investigación y persecución de extorsiones. Esta estrategia forma parte de un esfuerzo mayor para bajar los índices del delito, reforzar la coordinación intergubernamental y dar una respuesta más contundente ante un fenómeno que genera preocupación creciente entre la ciudadanía.
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