— Agencias 09/09/2025
La Cámara de Diputados recibió dos iniciativas presidenciales que buscan restablecer aranceles y reforzar facultades de la Agencia Nacional de Aduanas.
Las propuestas presentadas ante San Lázaro buscan fortalecer la recaudación federal, combatir el huachicol fiscal y otorgar nuevas facultades de inspección, fiscalización y vigilancia a la ANAM, incluyendo la creación de un Consejo Aduanero que supervisará procedimientos de agentes aduanales.
Reforma arancelaria y sectores afectados
La primera iniciativa propone modificar diversas fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, con el objetivo de establecer aranceles en sectores estratégicos como la industria automotriz, textil, calzado, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, marroquinería, papel y cartón, así como motocicletas, remolques y vidrio.
El proyecto destaca que estas medidas son necesarias para equilibrar el mercado ante políticas internacionales y evitar distorsiones económicas que afecten la relocalización de sectores productivos estratégicos. Las modificaciones arancelarias entrarían en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia concluiría el 31 de diciembre de 2026.
Fortalecimiento de la Ley Aduanera
La segunda iniciativa busca reformar la Ley Aduanera para otorgar más facultades a la ANAM, incluyendo la inspección, fiscalización, recaudación y vigilancia de las operaciones de comercio exterior. Según el proyecto, estas acciones permitirán combatir la evasión y elusión fiscal sin generar nuevas cargas para la ciudadanía.
Además, se plantea la creación de un Consejo Aduanero, un órgano deliberativo encargado de autorizar o rechazar patentes de agentes aduanales y supervisar procedimientos como inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción, garantizando transparencia, confianza y acceso justo a los trámites.
Impacto y objetivos de la reforma
Con estas iniciativas, el gobierno busca incrementar los ingresos públicos, fortalecer la sostenibilidad financiera del país y mejorar la confianza en las instituciones aduaneras, mientras se asegura un marco legal más sólido para la operación del comercio exterior.
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