— Yesenia Colunga 09/09/2025
Las aportaciones voluntarias que realizan los tutores dentro de los planteles públicos carecen de carácter forzoso y no representan un requisito para acceder o continuar con los procesos educativos de los alumnos.
La subdirectora de los Servicios Educativos en la Región Carbonífera, Nélida Santos, afirmó que el pago de cuotas escolares no es obligatorio y que los padres, en general, están conscientes de las necesidades que puedan surgir; si desean apoyar voluntariamente, no hay ningún problema.
Esta práctica se alinea con lo establecido por la Ley General de Educación, que en su Artículo 6 prohíbe condicionar la inscripción, aplicación de exámenes o entrega de documentos al pago de cuotas.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) subraya que las aportaciones deben ser voluntarias y que las autoridades educativas tienen la responsabilidad de establecer mecanismos claros para regular, destinar, aplicar, transparentar y vigilar el uso de estos fondos.
En una entrevista, la señora Rocío Melendez, madre de familia, comentó: “Si hay alguna necesidad en la escuela, podemos apoyar, pero entendemos que no debe ser una obligación; la educación no debe depender de un pago adicional.” Su postura refleja un sentir común entre las familias: colaborar cuando conocen el propósito y se respeta su libertad para decidir.
La maestra Fabiola, en representación del personal docente, detalló que en las instituciones donde laboran, las cuotas son estrictamente voluntarias; bajo ninguna circunstancia se condiciona ningún trámite escolar a su pago.
Los recursos recaudados se utilizan para necesidades como la pintura de aulas, mantenimiento de baños, adquisición de material de limpieza o suministros esenciales. Estas decisiones se toman mediante asambleas escolares, y un comité integrado por madres y padres administra los recursos y rinde cuentas periódicamente.
La maestra enfatizó que si un padre de familia no puede pagar la cuota voluntaria, no ocurre nada: la educación es gratuita y el servicio educativo no se ve afectado por la falta de aportación. Esta práctica respeta claramente los lineamientos legales y promueve la inclusión.
Estos testimonios y acciones locales reflejan fielmente el marco normativo federal. La Ley General de Educación insta a que las aportaciones sean voluntarias, decididas en asamblea, y no vinculadas a ningún trámite escolar.
Asimismo, la SEP ha reiterado en múltiples ocasiones que tales cuotas deben gestionarse con transparencia, por comités de padres formales, y que la falta de pago no representa impedimento para la inscripción, permanencia o entrega de documentos de ningún estudiante.
En resumen, en la Región Carbonífera se respeta el derecho a una educación gratuita, sin condicionamientos derivados del pago de cuotas. Las aportaciones que los padres realizan son libres, informadas y destinadas a mejorar la infraestructura escolar.
Esta dinámica fomenta un ambiente educativo inclusivo y participativo, donde las familias colaboran según su capacidad y, al mismo tiempo, se garantiza que ningún alumno sea excluido por razones económicas.
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