— Agencias 12/08/2025
El Fiscal General de México cuestiona las decisiones procesales en EE. UU. sobre extraditados mexicanos, señalando diferencias con la legislación nacional y procesos judiciales recientes.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, expresó su sorpresa y preocupación por las recientes decisiones procesales adoptadas por autoridades estadounidenses en casos de delincuentes extraditados desde México, como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero.
En conferencia de prensa, Gertz Manero comentó que estas decisiones, como permitir a “El Chapo” tener contacto con su abogado o la orden judicial que requiere al Departamento de Justicia de EE. UU. fijar posición sobre el aislamiento estricto de Caro Quintero antes del 18 de agosto de 2025, son “muy sorprendentes” y no se ajustan a los procedimientos establecidos en la legislación mexicana.
Diferencias entre procedimientos mexicanos y estadounidenses
El fiscal destacó que, aunque Estados Unidos asegura mantener una postura firme contra la delincuencia, en la práctica han ocurrido negociaciones y cambios que contrastan con el marco legal mexicano. Esto genera inquietud en la FGR respecto al manejo de estos casos.
“Hay un gran problema en este sentido y no van a transigir, pero luego hay una serie de negociaciones que no coinciden con nuestra ley”, explicó Gertz Manero.
Compromiso y seguimiento del proceso en EE. UU.
Aunque criticó los procedimientos, el fiscal pidió esperar los resultados de las autoridades estadounidenses y reconoció que todos los extraditados ya están cumpliendo condena en aquel país. “Gracias a las decisiones de este gobierno, estas personas están pagando su deuda con Estados Unidos y México cumplió con su parte”, señaló.
La mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la postura de que estos procesos corresponden a la justicia estadounidense y aplican para todos los casos similares en ese país.
Implicaciones para la relación México-Estados Unidos
Estas declaraciones ponen de relieve las diferencias legales y administrativas entre ambos países en materia de extradición y procesos penales, lo que podría afectar la cooperación en materia de seguridad y justicia en casos de alto perfil.
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