— Agencias 01/08/2025
Una jueza federal detuvo la deportación acelerada impulsada por Trump, protegiendo a miles de migrantes admitidos legalmente bajo programas especiales.
La magistrada Jia M. Cobs, del Tribunal del Distrito de Columbia, emitió una orden para detener el uso de la deportación acelerada, también conocida como deportación “exprés”, la cual fue reactivada por el Gobierno del presidente Donald Trump a principios de año para agilizar la expulsión de migrantes.
La decisión protege a cientos de miles de inmigrantes que ingresaron legalmente bajo programas como CHNV o Operación Aliados Bienvenidos, y que ahora enfrentaban expulsiones sin audiencia ni defensa legal.
La demanda: inmigrantes cumplieron las reglas
La orden judicial responde a una demanda presentada por organizaciones de derechos humanos, como CHIRLA, UndocuBlack Network y CASA, en representación de migrantes acogidos por políticas previas del Gobierno de Joe Biden.
Los demandantes argumentaron que el Ejecutivo aplicaba un proceso de deportación “profundamente defectuoso” al revertir los beneficios sin el debido proceso, afectando a quienes “hicieron todo lo que el Gobierno les pidió”, según expresó Angélica Salas, directora de CHIRLA.
Críticas al Gobierno: tácticas similares a regímenes represivos
En su fallo, la jueza Cobs planteó preocupaciones éticas al señalar que las tácticas utilizadas para detener y expulsar a inmigrantes “se parecen cada vez más a las de los países de los que huyeron”, aludiendo a detenciones sin explicación y agentes vestidos de civil.
La orden pone en pausa los vuelos de deportación que ya habían comenzado, y frena temporalmente el objetivo de la administración Trump de alcanzar 800 deportaciones diarias.
Trump eliminó el programa CHNV en marzo
En marzo, la Casa Blanca derogó el programa CHNV, que permitía la residencia temporal a más de 530 mil migrantes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua, bajo el argumento de que el beneficio no era necesario ni compatible con la política exterior estadounidense.
Los beneficiarios tenían hasta el 24 de abril para regularizar su situación, de lo contrario, quedaban expuestos a deportaciones inmediatas.
La batalla legal continúa
Ama Frimpong, directora legal de CASA, celebró la orden pero advirtió que “la lucha está lejos de terminar”, anticipando que buscarán que el fallo temporal se vuelva permanente. El Gobierno de Trump enfrenta además otras dos demandas relacionadas con la cancelación del programa CHNV.
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