— Penélope Cueto 25/02/2025
Aseguran que los desalojos derivan de juicios realizados en Saltillo sin notificar a los afectados.
La diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares presentó un exhorto dirigido al Consejo de la Judicatura y al Instituto Estatal de Defensoría Pública del Poder Judicial de Coahuila para esclarecer los procedimientos irregulares utilizados para desalojar a familias en Ciudad Acuña.
El exdiputado federal y líder moral de la Unión Democrática Coahuilense (UDC), Lenin Pérez, informó que el viernes pasado un operativo intentó desalojar a más de 100 familias de sus viviendas. Sin embargo, los afectados se organizaron y lograron resistir la acción.
Pérez explicó que los desalojos derivan de juicios realizados en Saltillo sin notificar a los afectados y destacó que los afectados son trabajadores con más de 30 años viviendo en sus casas.
Denunció que este tipo de prácticas se han aplicado en otras partes del país y que él lo denunció cuando fue magistrado y derivó en el encarcelamiento de tres magistrados, entre ellos uno de Torreón y otro de Nayarit, por realizar juicios exprés con procesos irregulares.“Existe corrupción en estos procedimientos, pues los despachos compran casas en remates por 20 o 30 mil pesos y luego las revenden a los mismos trabajadores en 70 mil pesos”, señaló.
Indicó que la mayoría de los afectados tienen entre 60 y 70 años, por lo que se solicita la intervención del Congreso para investigar a los juzgados involucrados y garantizar la protección de los trabajadores.
El líder moral de UDC aseguró que tras hacer pública la denuncia, surgieron reportes de casos similares en otras partes del estado y afirmó que hay más de 400 casos en los que las personas nunca fueron notificadas, pero tienen sentencias definitivas con amenazas de desalojo.
Señaló que los inmuebles pertenecían a hipotecarias que quebraron en los primeros años del 2000 y que trasladaron los puntos de pago a diferentes lugares hasta que los trabajadores dejaron de recibir información sobre sus adeudos y sitios para agotar la deuda y ahora, a pesar de haber cubierto más del 70% de sus créditos, enfrentan órdenes de desalojo.
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