— Paola Sosa 23/01/2025
La mandataria indicó que, de acuerdo con la resolución del TEPJF, la elección se llevará a cabo el 1 de junio, tal y como lo establece la Constitución.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este jueves 23 de enero la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar el proceso de la elección judicial.
En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum recordó que el Comité de Evaluación había detenido su funcionamiento debido a los amparos presentados en contra de dicho proceso, los cuales no procedieron. La Sala Superior del TEPJF dictaminó que no había justificación para suspender la elección y ordenó la continuación urgente del proceso. De acuerdo con la Presidenta, el Comité de Evaluación tiene hasta el 31 de enero para concluir los trámites necesarios para que la elección pueda seguir adelante en la fecha prevista.
Sheinbaum subrayó que la decisión del Tribunal Electoral es un paso positivo, ya que reafirma el carácter constitucional del proceso electoral y la necesidad de que se respete el cronograma establecido. La mandataria afirmó que la resolución del TEPJF pone fin a la controversia sobre la suspensión de la elección, y destacó que, de no cumplirse con la orden, podrían imponerse sanciones.
En sus declaraciones, la Presidenta hizo énfasis en que la Corte no tiene la facultad de decidir sobre los procesos electorales, ya que este es un ámbito exclusivo del TEPJF. Señaló que, si alguna modificación al calendario electoral fuera necesaria, debería hacerse mediante una reforma constitucional, dejando claro que, por el momento, el 1 de junio es la fecha oficial para la realización de la elección judicial.
Este pronunciamiento ocurre en medio de la controversia sobre el futuro de los procesos judiciales en el país y la importancia de que los tribunales actúen conforme a la ley y a la Constitución. La decisión del TEPJF asegura que los trámites seguirán su curso sin interferencias indebidas, garantizando la transparencia y la legitimidad del proceso judicial en México.
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