— Sarah Zamora 22/01/2025
La Masacre de Camargo es un hito en la lucha por los derechos de los migrantes en México.
A cuatro años del trágico asesinato de 19 personas, en su mayoría migrantes, ocurrido el 22 de enero de 2021 entre los municipios de Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, en Tamaulipas, las familias de las víctimas siguen luchando por obtener justicia. A pesar de que 12 policías están detenidos, los seres queridos ya no regresarán, como expresó Marco Antulio Pablo Pérez, padre de Anderson Marco Antulio, una de las víctimas. En un comunicado de la Fundación para la Justicia, organización que asesora a las familias, él hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que cumplan las promesas realizadas y se logre justicia en este caso.
La Masacre de Camargo es un hito en la lucha por los derechos de los migrantes en México, pues se trata del primer caso en el que los responsables materiales fueron sentenciados en menos de cinco años. Aún está en curso el proceso contra un presunto responsable más, un policía del Grupo de Fuerza Inmediata de Reacción (antes GOPES), pero las detenciones de otros implicados aún están pendientes. Los motivos detrás de la masacre, así como los detalles de la cadena de mando, siguen sin esclarecerse. Las familias siguen sin saber por qué sus seres queridos fueron perseguidos, torturados, asesinados y calcinados. "¿Por qué lo hicieron? Los policías que debieron proteger su recorrido por México", preguntó un familiar en las audiencias, según la agrupación.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República no ha mostrado avances importantes en la investigación sobre el delito de tráfico de personas. Es importante recordar que uno de los vehículos encontrados en la escena del crimen había sido decomisado por el Instituto Nacional de Migración en diciembre de 2020, durante un operativo en el que se rescató a migrantes y se detuvo a traficantes. Ese vehículo fue entregado más tarde a uno de los presuntos traficantes, quien resultó ser una de las víctimas de la masacre.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió personal a Guatemala para entrevistar a los familiares de las víctimas y recoger sus testimonios. Sin embargo, la recomendación no fue emitida hasta más de tres años después. En un principio, la oficina regional de la CNDH en Reynosa intentó remitir el caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero los asesores legales de las víctimas lograron que el caso fuera atraído por la Quinta Visitaduría de la CNDH.
En septiembre de 2024, la CNDH emitió la Recomendación 168 VG/2024, que ordena una reparación integral del daño a las víctimas, incluyendo compensación económica y atención médica y psicológica continua, gratuita y especializada, especialmente para las familias que residen en Guatemala y El Salvador. Sin embargo, hasta el momento, la CNDH no ha informado a las víctimas sobre la aceptación o rechazo de estas recomendaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, ni ha facilitado el acceso al expediente de la Fundación para la Justicia, imponiendo requisitos burocráticos que no toman en cuenta la vulnerabilidad de las familias.
La reparación integral del daño fue asignada a la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas, a la que la Fundación para la Justicia hace un llamado a comprometerse plenamente para lograr una reparación efectiva y pronta para las víctimas, asegurando que las diligencias se realicen de manera oportuna y considerando la situación de vulnerabilidad de cada familia.
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