La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido revisar la decisión de Carolina del Sur de cortar la financiación estatal a las clínicas de Planned Parenthood, que proporcionan servicios de salud cruciales para residentes de bajos ingresos.
Este caso se originó en 2018, cuando Carolina del Sur terminó su acuerdo con Planned Parenthood, alegando que la organización brindaba servicios de aborto, aunque Medicaid solo cubre el aborto en circunstancias específicas bajo la ley federal.
Planned Parenthood, junto con un paciente, demandó al estado, argumentando que los beneficiarios de Medicaid deben tener la libertad de elegir cualquier proveedor de salud calificado, incluidos aquellos que ofrecen servicios de aborto. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos falló a favor de Planned Parenthood, y la Corte de Apelaciones del 4º Circuito ratificó esta decisión.
En respuesta, la Alianza en Defensa de la Libertad (ADF), que representa al estado, argumentó que Carolina del Sur tiene el derecho de dirigir sus fondos limitados hacia instalaciones que no ofrezcan abortos. Según John Bursch, vicepresidente de defensa de apelaciones de la ADF, el dinero de los contribuyentes no debe destinarse a financiar instalaciones que ofrezcan abortos.
El caso ha adquirido importancia nacional, ya que existen fallos contradictorios de tribunales de apelaciones en otros estados como Texas y Arkansas, donde se han tomado decisiones diferentes en casos similares. La intervención de la Corte Suprema es clave para resolver estas discrepancias.
Por su parte, Alexis McGill Johnson, presidenta de Planned Parenthood, calificó el caso como una cuestión fundamental para la elección del paciente y la libertad de acceso a servicios médicos. Johnson destacó que aquellos que dependen de Medicaid deben poder acceder a atención médica asequible y de calidad, incluyendo servicios preventivos y de salud reproductiva esenciales.