Casi la mitad de la población en situación de pobreza en América Latina son niños y adolescentes menores de 17 años, de acuerdo con cifras de la Cepal en 2023.
Los niños, niñas y adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables ante la pobreza y las carencias sociales.
En América Latina, una proporción significativa de la población en situación de pobreza está compuesta por menores de edad, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Este fenómeno refleja una alarmante desigualdad estructural que afecta principalmente a los sectores más vulnerables, como los niños y adolescentes, quienes enfrentan limitaciones en el acceso a servicios esenciales como educación, salud y nutrición. Estas condiciones no solo perpetúan el ciclo de la pobreza, sino que también representan un desafío urgente para los gobiernos de la región, que deben priorizar políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos de la infancia y la generación de oportunidades para su desarrollo integral.
Corte. Al corte del 2023 se observó que el 40.6% de los pobres en la región eran menores de 17 años, mientras que un 26.0% eran adultos jóvenes de 18 a 39 años. Por su parte, el 21.0% del total de personas en situación de pobreza corresponde a adultos de entre 40 y 59 años, mientras que el 15.3% restante se refiere a adultos mayores de 60 años o más.
Estos datos evidencian una distribución etaria en la que la pobreza afecta de manera considerable a las generaciones en pleno periodo laboral y a quienes se encuentran en la tercera edad.
Además, se ha observado un cambio en las tendencias de los últimos tres años: la pobreza entre niños y adolescentes ha mostrado un preocupante incremento, lo que sugiere un impacto adverso en los sectores más vulnerables de la población, posiblemente relacionado con la insuficiencia de recursos en los hogares y la dificultad para acceder a servicios básicos.
Por otro lado, en el caso de los adultos mayores, la proporción en pobreza ha experimentado una ligera reducción, lo que podría atribuirse a políticas sociales dirigidas a este grupo, como pensiones y programas de apoyo.