Regidores de Múzquiz denuncian a la alcaldesa Tania Flores
Los regidores del municipio de Múzquiz presentaron este lunes una denuncia ante el Congreso del Estado en contra de la alcaldesa Tania Flores Guerra, a quien señalan por presuntas irregularidades para intentar poner a la venta bienes municipales entre los que se incluyen camiones recolectores de basura, maquinaria de pavimentación y equipo médico.
La venta de todos estos artículos fue aprobada, presuntamente, sin el adecuado cumplimiento de los procedimientos legales.
Alrededor de las 12:00 horas, los miembros del Cabildo acudieron al Poder Legislativo, donde entregaron, en la Oficialía de Partes, el documento que detalla las acusaciones.
Encabezados por la síndica Karina Verónica González López, también asistieron las regidoras Perla Maldonado Velásquez, Alicia Martínez Castañeda y Leticia Laguna Alvarado, junto con los regidores Antonio Gutiérrez Willars y Antonio González Escamilla.
Los denunciantes alegan que la convocatoria para la sesión de Cabildo, en la que se decidió la venta de estos bienes, se realizó de forma irregular, mediante un mensaje de WhatsApp y con solo una hora de anticipación, mientras que, según los reglamentos municipales, las sesiones deben avisarse por escrito y con al menos 24 horas de anticipación.
Además, señalan que no se les proporcionó información sobre el avalúo de los bienes, ni se especificó el destino de los recursos obtenidos por la venta, lo cual consideran una falta de transparencia.
Otro aspecto que genera inquietud entre los regidores es un aumento "irregular" en los gastos del municipio en el rubro de servicios generales. Según el documento, se ha destinado un monto de 12.7 millones de pesos al arrendamiento de maquinaria, lo cual, argumentan, podría violar el Código Penal y el Código Financiero del estado.
Asimismo, mencionaron una posible situación de conflicto de interés, pues presumen que la maquinaria de pavimentación involucrada podría pertenecer al hermano de la alcaldesa, el diputado Antonio Flores Guerra.
En la denuncia que se entregó se solicita que el Congreso del Estado informe a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Anticorrupción para que investiguen estos hechos y determinen si existe responsabilidad penal.