El acuerdo fue firmado por Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala, Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera
Un grupo de consejeras y consejeros electorales busca que el INE interponga una controversia constitucional en contra de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.
Se propone impugnar la facultad que tiene presidenta del INE Guadalupe Taddei, otorgada por la reforma, para hacer designaciones sin la aprobación del Consejo General de Instituto.
Las consejeras Dania Ravel, Carla Humphrey, Claudia Zavala, y los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Jaime Rivera promueven el acuerdo que será discutido este miércoles en la sesión del Consejo General del INE.
De acuerdo con el proyecto, se propone que la Secretaría Ejecutiva del organismo interponga una controversia contra dos artículos a la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Elección de Personas Juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
Los artículos impugnado señalan corresponde al presidente del INE, las siguientes atribuciones: proponer al Consejo general, en nombramiento de Secretaría ejecutivo, designar a los directivos, ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto.
El otro artículo señala que la Junta Ejecutiva se reunirá por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones las siguientes:
Aprobar los acuerdos correspondientes para la coordinación y ejecución de las actividades administrativas, técnicas, operativas del Instituto y de coordinación de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, relacionadas para la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como para el funcionamiento ordinario del Instituto.
El acuerdo señala que la reforma violenta la autonomía constitucional del INE, así como los principios de certeza, parcialidad, independencia y profesionalismo que deben regir este instituto en el cumplimiento de las atribuciones, conferidas, constitucionalmente.
“Razón por la cual resulta indispensable que el INE promueve una controversia constitucional en contra del decreto que reforma la LGIPE”.