Juzgado Cuarto en Monclova realizaba desde 100, 200 y 250 acuerdos diarios que han quedado pendientes.
A casi dos meses de iniciar los trabajadores del Poder Judicial un paro de labores, el trabajo se acumula en las salas de los juzgados federales y casos como el de AHMSA siguen sin avanzar en una resolución, lo que causa desesperación de los interesados, obreros y acreedores, no obstante, los empleados del sistema judicial argumentan que vale la pena luchar por ser escuchados porque las implicaciones de la nueva ley en la materia representan una afectación a toda la nación al perderse la autonomía y la decisión imparcial con que habían estado trabajando.
El Juzgado Cuarto con sede en Monclova atiende aproximadamente entre 100, 200 o 250 acuerdos diarios que han quedado pendientes en decisiones incidentales, civiles, mercantiles, laborales y amparos, como cuestión administrativa de clausuras, por ejemplo.
Un Juzgado federal emite acuerdos, resoluciones o sentencias todos los días y su labor es la de atender los recursos de los ciudadanos en contra del abuso, omisión o violación de derechos de las autoridades e instituciones.
Los asuntos de urgencia sí se atienden por el juzgado como son los amparos promovidos por negar atención médica grave, omisión del instituto, guardia y custodia de menores, pensión de alimentos, detenciones fuera de procedimiento, deportaciones e incomunicación, suspensión de energía eléctrica y agua, y demás del artículo 22.
En reserva. El Secretario del Juzgado Cuarto, Christian Gutiérrez, expresó que casos como el de Altos Hornos de México implican muchos derechos que, precisamente por ello, el juzgador debe ser una persona con conocimientos, experiencia e imparcial.
"Imagínense que se seleccione (al Juez) por voto popular, previo registro de los poderes de la Unión, que no tiene experiencia ni carrera judicial y, además, y tiene un interés particular en el asunto", comentó el secretario.
Citó que el tema de AHMSA es un ejemplo del ejercicio del poder en base a intereses particulares o parciales, al referirse a lo acontecido con la acerera y el expresidente Andrés López Obrador.
Lo que se resume es que desde la Presidencia de la República se ejerció presión para hacer que Alonso Ancira se retirara de la empresa y que no operara y, las consecuencias se dieron como más de 10 mil trabajadores sin ingresos desde hace casi dos años y una empresa reducida y encaminada a la quiebra.
"Lo vimos todos, se hicieron declaraciones a nivel nacional en torno al rescate o no de la empresa (AHMSA), y las declaraciones se hicieron por la persona que tiene el puesto más importante de la nación, estaba en sus manos poder hacer ese rescate, sin embargo, no lo hizo, ¿por qué?, ¿intereses personales?, no lo sé ni me quiero meter, sólo para ponerlo en contexto".
"Imagínese que alguien, con ese mismo interés, llegue a ese juzgado (Juzgado Segundo en Concurso Mercantil) a tratar de resolver ese asunto y lo haga en base a sus intereses personales, es decir, de manera parcial, no autónoma, y resuelve en contra de los trabajadores, y no resolverlo conforme a la ley, a todos los criterios emitidos por la Suprema Corte,
"Como se vio que estaba en sus manos hacer el rescate de AHMSA, pero no lo hizo con ese mismo interés quiera resolver un asunto de manera parcial y no conforme a la ley y la Constitución y criterios de la suprema Corte, creo que es una cuestión que pudiera vulnerar más allá que el hecho de que se aplace un poco", indicó el secretario.
Manifestó que entiende la preocupación de los trabajadores, acreedores y de la empresa, así como de otros asuntos que también están en espera de que se dictaminen, pero por lo que están en la resistencia tiene más implicaciones que es difícil verlo porque se maneja un discurso de señalamientos de corrupción, sin que haya denuncias, nombres ni nada en específico.
Postura. La abogada Aída Guardiola consideró que ya es momento de que los trabajadores regresen a laborar debido a que la reforma ya está y lo que toca es conocerla sobre la marcha para ver si funciona y así como hoy se hizo la ley, más adelante se puede promover una nueva iniciativa de reforma que haya modificaciones en base a los errores o las cosas que no funcionan.
"Creo que ya deben de regresar a trabajar, pero de que están ejerciendo un derecho y constitucionalmente tienen la libertad de expresarse, también", afirmó Guardiola.
Manifestó que ellos han elevado esa inconformidad a través de las propuestas que han llevado a cabo en el país, como parte de su derecho como mexicanos, a la libre manifestación de sus ideas, a la libertad de reunión y es una medida de presión, porque no coinciden con esa ley, pero es difícil que se llegue a un acuerdo, porque ya la aprobaron la Cámara de Diputados, de Senadores y por las legislaturas de los estados, entonces, el Poder Judicial tiene la obligación de aplicarla, "Considero que no va a llegar a ningún puerto el que la ley ya está hecha", afirmó.
Al volver al trabajo, los trabajadores van a estar llenos de pendientes, además de las autoridades que tengan que rendir informes.