GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO
NADADORES, COAH. Personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila irrumpieron en el paseo público ubicado en el municipio de Nadadores, luego de conocer el ecocidio que se ejecutó con el derrumbe de longevos árboles conocidos como pinabetes que datan de más de 100 años de antigüedad, en el sitio los inspectores de la dependencia solicitaron tanto al mismo ayuntamiento así como al prestador de servicios los permisos y la vista que dieron a las dependencias Federales y Estatales para proceder con el derrumbe y destrucción de la flora histórica.
En el lugar se dio cita el mismo Alcalde Ismael Aguirre Rodríguez quien sólo mostró un dictamen de Protección Civil Municipal donde señalaba que los árboles ubicados en la Plaza Benito Juárez en la colonia del mismo nombre, estaban siendo talados porque según representaban un riesgo para la ciudadanía según porque había riesgo de colapso.
Los representantes de la PROPAEC Jorge Luis Rodríguez Salcedo y Héctor Alejandro Sánchez Garza, recibieron el simple documento municipal, pero cuestionaron sobre algunos otros permisos y autorizaciones de dependencias Federales y Estatales, tales como la Secretaría de Medio Ambiente Estatal, PROFEPA, SEMARNAT y CONAFOR, ante ello el alcalde respondió que no tramitaron ningún otro documento más que el expedido en su dirección de Protección Civil.
Acompañando al alcalde llegaron, policías municipales, el jurídico del Ayuntamiento Idilio Nicolás García y algunos otros directores y regidores, la gente de la Procuraduría de la misma manera cuestionaron al representante de la constructora Garza Falcón propiedad de Indalecio Garza, hijo del ex alcalde priísta de San Buenaventura Severino Garza Guajardo, compañía que lleva la ejecución del ecocidio con más de 40 pinabetes derrumbados, más el resto que faltan por tumbar.
Luego del levantamiento de las actas, personal der la PROPAEC negaron dar declaraciones, sólo a grandes rasgos expusieron las tramitología del caso, dijeron que dicha información pasarían a manos de los titulares de la dependencia en el Gobierno del Estado, quienes decidirán si imponen sanciones o autorizan la culminación del ecocidio.