'La ley solo indica que una vez que exista la ausencia definitiva del fiscal, debe iniciarse el procedimiento'.
El próximo 18 de octubre, Gerardo Márquez Guevara dejará su cargo como Fiscal General de Coahuila, y aunque el proceso para seleccionar a su sucesor está próximo a iniciar, no existe un plazo legal para que se concrete la designación. Así lo informó la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, al indicar que, este martes, la Comisión de Gobernación se reunirá para discutir, por primera vez, este tema.
Explicó que tras el lanzamiento de la convocatoria oficial, se espera reunir una lista de al menos diez candidatos que serán presentados ante el pleno del Congreso. Posteriormente, el Ejecutivo estatal revisará los perfiles y seleccionará una terna de finalistas, de la cual surgirá el nuevo Fiscal General.
Sin embargo, la presidenta del Congreso señaló que en el caso de no lograr obtener los diez candidatos requeridos, la convocatoria será declarada desierta, lo que obligaría a emitir una nueva.
“Es una convocatoria pública abierta, lo que nos piden es que debemos tener al menos un listado de diez aspirantes, cuyos perfiles se someterán al Pleno y porteriormente al Ejecutivo. Sí no se inscriben diez personas, se declara desierta y se inicia el trámite hasta que existe el número suficiente de candidatos”, expuso. La funcionaria subrayó que no hay un plazo específico establecido para completar este proceso. "La ley solo indica que una vez que exista la ausencia definitiva del fiscal, debe iniciarse el procedimiento".
Reiteró que este martes se llevará a cabo la primera reunión formal con la Comisión de Gobernación, un espacio clave donde se analizarán los puntos fundamentales relacionados con la propuesta en cuestión. Durante esta sesión inicial, se abordarán los detalles más relevantes para establecer un diálogo constructivo entre los miembros de la comisión.
A partir de dicha reunión, el tema será llevado al Pleno del Congreso, donde se espera que los legisladores discutan de manera más amplia los aspectos del caso y se tomen los acuerdos correspondientes.
Estos acuerdos serán determinantes para definir la dirección que tomará el asunto, buscando siempre el consenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso.