El 72 por ciento de ellas, mayores de 15 años, han sufrido al menos un incidente de violencia psicológica, física, sexual
Ante el incremento de casos de violencia contra las mujeres sobre todo el de feminicidio, el Congreso del Estado urgió a la Secretaría de la Mujer y dependencias federales a redireccionar sus políticas y protocolos para prevenir, detectar y contrarrestar cualquier vertiente de violencia de este tipo en Coahuila.
El dictamen fue propuesto por la Comisión de Igualdad y no Discriminación en mayo pasado para su estudio y el fin fue revisar y fortalecer las políticas y protocolos dirigidos a prevenir, detectar y contrarrestar en todos los ámbitos y en la totalidad de sus vertientes las violencias contra las mujeres.
La diputada Magaly Hernández Aguirre expresó que Coahuila es uno de los estados donde es más común que la violencia esté presente durante la vida de las mujeres.
Que, de acuerdo con el INEGI, el 72 por ciento de ellas, mayores de 15 años, han sufrido al menos un incidente de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial durante su vida.
Sin embargo, la cifra es la más alta entre los estados del norte del país, pero es superada por el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro, Colima y Aguascalientes, entidades que promedian más del 75 por ciento.
Incluso mencionó que el 11 por ciento de las mujeres sufrieron de violencia, física o económica principalmente, ejercida por algún familiar en 2021, pero que se dio un incremento alarmante sobre las 126 mil víctimas estimadas en 2016.
Las cifras se elevan más en los ámbitos escolares que, de 36 por ciento, pasó al 46 por ciento; y comunitario que se disparó del 25 al 34 por ciento en tan solo 5 años y que la mayoría de los reportes fueron por violencia sexual, física y psicológica.
Por ello, afirmó, finalmente se enviaría el exhorto al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y a la Secretaría de las Mujeres de Coahuila para llevar a cabo la revisión y el fortalecimiento de sus políticas y protocolos encaminados a prevenir, detectar y contrarrestar en todos los ámbitos y en la totalidad de sus tipos la violencia contra la mujer en el estado.