Con un enfoque de derechos humanos, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto para la creación de una ley estatal anti adicciones.
El documento plantea el registro y control de las personas internadas en establecimientos o centros de atención de adicciones, lo que requeriría acciones coordinadas entre las familias de los pacientes y el aparato judicial.
Presentado por el diputado Jorge Arturo Valdés Flores, el nuevo ordenamiento permitiría definir las bases de política pública en materia de prevención, atención, control y combate contra las adicciones.
Se trata de la Ley de Prevención, Tratamiento, funcionamiento y Control de las Adicciones para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya implementación requerirá, en su caso, la creación de un Consejo Estatal contra las Adicciones.
Entre sus objetivos destaca el establecimiento de mecanismos de coordinación de políticas, programas, acciones, inversiones y asignación de recursos públicos para la atención integral de los farmacodependientes, según señala el documento.
De aprobarse, esta ley garantizaría la atención integral contra las adicciones, mediante la prevención, detección temprana, reducción del daño, tratamiento, recuperación, rehabilitación e integración comunitaria.
El texto también contempla promover la participación social, fomentando la ejecución de medidas preventivas que promuevan la sana convivencia familiar y social, como un factor de corresponsabilidad en la reducción de consumo buscando disminuir los factores de riesgo.
En su exposición de motivos, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó datos estadísticos para demostrar que el consumo de sustancias va en aumento y de la mano con la salud mental de las personas.
En virtud de ello, estimó necesario regular y definir el tratamiento y atención de las adicciones en el estado definiendo las disposiciones generales a seguir.
Es así que la Ley de Prevención, Tratamiento, funcionamiento y Control de las Adicciones para el Estado de Coahuila de Zaragoza plantea una distribución de competencias y, en sus disposiciones generales, las facultades del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud y de los Ayuntamientos.
Lo anterior, en materia de prevención, en concurrencia, en acciones de rehabilitación, lo que implicaría la intervención de la secretaria de seguridad pública y de la fiscalía general.
Se propone, asimismo, un programa contra las adicciones y farmacodependencia, en conformidad con el programa nacional y tratamiento, y las facultades de un consejo estatal, desde su integración y competencias, y atribuciones municipales.
Por otra parte, el artículo 154 bis apunta a la creación de una base de datos de los usuarios que se encuentren internados en establecimientos o centros de atención de adicciones, mediante comparecencia ante el ministerio público de su localidad.
Dicho aviso voluntario correría por parte de un familiar, tutor o representante legal del usuario del servicio que se encuentre internado; de igual informa, se informará a dicha autoridad de su egreso una vez que se haya concluido con el tratamiento o rehabilitación programa.
Lo anterior, con el fin de que la Fiscalía cuente con una base de datos que permita como estado ubicar a las personas y no sea considerado su internación como una privación ilegal de la libertad.