El caso incluye docenas de cargos por delitos graves de que Trump retuvo ilegalmente documentos clasificados de su presidencia en su finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y obstruyó los esfuerzos del gobierno para recuperarlos.
El fiscal especial Jack Smith le pidió el lunes a un tribunal federal de apelaciones restaurar el caso en que se acusa al expresidente Donald Trump de retener documentos clasificados, luego que fue desestimado por una jueza el mes pasado.
La jueza Aileen Cannon desestimó el caso, uno de cuatro contra Trump, al determinar que la designación de Smith como fiscal especial no fue constitucional.
Luego, el equipo de Smith apeló ante la Corte Federal de Apelaciones del 11mo Circuito, con sede en Atlanta, y los fiscales dijeron en su solicitud de apelación que la decisión de Cannon está “en desacuerdo con las prácticas de nombramiento generalizadas y de larga data en el Departamento de Justicia y en todo el gobierno”.
La apelación es el más reciente acontecimiento en un proceso que muchos expertos legales consideran un caso penal sencillo, pero que se ha visto descarrilado por demoras, meses de audiencias ante Cannon, un juez designado por Trump, y finalmente una orden de desestimación que llevó el proceso a al menos una interrupción temporal.
No está claro cuánto tiempo le tomará a la Corte de Apelaciones resolver el asunto, pero incluso si anula la desestimación de Cannon y reaviva la acusación, no hay posibilidad de un juicio antes de las elecciones presidenciales de noviembre y Trump, si es elegido, podría nombrar un secretario de Justicia quien desestimaría el caso.
El caso incluye docenas de cargos por delitos graves de que Trump retuvo ilegalmente documentos clasificados de su presidencia en su finca Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y obstruyó los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. Se ha declarado inocente.
Smith fue nombrado fiscal especial en noviembre de 2022 por el secretario de Justicia Merrick Garland para investigar el manejo de los documentos por parte de Trump, así como sus esfuerzos para invalidar las elecciones presidenciales de 2020 antes de los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Ambas investigaciones resultaron en cargos penales, aunque el juicio por subversión electoral se mantiene en duda tras una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos el mes pasado que confirió amplia inmunidad a Trump y redujo el alcance del caso.