La iniciativa indica que será la “secretaría” la encargada de expedir los protocolos y lineamientos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el reglamento.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) podría asumir la vigilancia de los anexos contra adicciones, incluyendo alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia, si el Congreso aprueba la iniciativa propuesta por la fracción parlamentaria del PAN para modificar varios artículos de la Ley Estatal de Salud.
La diputada Edith Hernández Sillas presentó en mayo pasado, al cierre del período ordinario de sesiones, una iniciativa con proyecto de decreto para modificar la legislación en materia de salud.
La propuesta contempla distintos cambios para regular la operación de los centros de atención de adicciones.
Una de las innovaciones destacadas es que la CDHEC participaría en la vigilancia de estos centros para garantizar que no se violen los derechos humanos de las personas internadas, y, en su caso, interponer las denuncias correspondientes. Según la propuesta, estas tareas deberán realizarse en conjunto con las autoridades estatales y municipales en materia de salud y seguridad pública.
Además, el inciso XVII del Artículo 4 facultaría a las autoridades federales y estatales para el control, vigilancia y supervisión de los centros que tratan adicciones, sin importar su denominación o tipo de atención brindada.
Otra parte de la iniciativa establece que los centros deberán estar registrados ante el Consejo Nacional contra las Adicciones y contar con la licencia de funcionamiento correspondiente, la cual deberá estar visible en el acceso principal del lugar.
Asimismo, el personal encargado de estos centros, incluyendo aquellos basados en la ayuda mutua, deberá estar capacitado y certificado por las autoridades de salud del estado o de la federación para impartir la atención y las terapias conforme a la Ley General de Salud y la Ley Estatal de Salud.
Aunque no se especifica cuál, la iniciativa indica que será la “secretaría” la encargada de expedir los protocolos y lineamientos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el reglamento.
Finalmente, el Artículo 155 Bis 3 otorgaría a los ayuntamientos, previa coordinación con las autoridades estatales, la responsabilidad de vigilar los centros de tratamiento de adicciones que operen dentro de su jurisdicción, para verificar que cuenten con las licencias y permisos que establece la legislación sanitaria federal y local.