La tasa de impunidad rebasa el 95 %, respecto de las carpetas de investigación que se someten a su consideración, señala a la magistrada de la SCJN, Lenia Batres
Saltillo, Coahuila, MÁS. – A cuatro días de que se realice en Saltillo el penúltimo foro para la reforma del Poder Judicial, persisten en este remuneraciones inconstitucionales, entre una multitud de anomalías que impiden su eficaz y honesto desempeño, denunció la magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres.
Este sector está plagado, dijo, de viejos lastres, como son: “exorbitante nepotismo, ausencia de transparencia, ausencia de rendición de cuentas, demora en los procedimientos, incapacidad para resolver derechos sociales, colusión con el crimen organizado y ligereza extrema cuando se resuelve la afectación del erario público en casos particulares”.
Presente en el séptimo foro “Diálogos Nacionales para la Reforma del Poder Judicial”, organizado por el Poder Legislativo, Batres Guadarrama respondió a una serie de preguntas planteadas por el diputado federal Leonel Godoy, lo que prácticamente no trascendió más allá del recinto oficial de la Cámara Baja.
El judicial “es el único de los tres poderes –destacó– que tiene remuneraciones inconstitucionales, y no solamente de jueces, magistrados y ministros, sino de más de 700 altos funcionarios del poder judicial. Perciben remuneraciones por encima del límite establecido en el artículo 197 de la Constitución”.
A más de ello, es muy evidente su “elevada impunidad”, que rebasa una tasa de 95 por ciento respecto de las carpetas de investigación que se someten a su consideración “porque simplemente se ponen muchísimos requisitos para la vinculación a proceso”.
La magistrada destacó la ausencia de sanciones para las personas juzgadoras e invasión cotidiana de las facultades de los otros poderes. Por ejemplo, se nombran magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (hasta ahora, más de 50), cuando esto es una facultad del Senado y del presidente de la república.
Si bien la reforma judicial no representa una solución definitiva al problema de corrupción, lo cierto es que, “si no se democratiza el Poder Judicial, no va a haber transformación alguna, ni esperanza de justicia para las y los mexicanos que sí tenemos derecho a obtener justicia de este poder, que es del pueblo”, aseveró.
Al presentar un análisis de las 258 tesis aisladas y de jurisprudencia ventiladas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que a la fecha están vigentes, informó que, sobre el derecho a la salud existen 195; en torno al derecho a la educación, 70 tesis; a la vivienda, 30; y, en relación con el derecho al agua, trece.
Por otra parte, se encontraron 12 mil 845 tesis relacionadas con impuestos y equidad tributaria, 1 mil 387 relativas al derecho a la propiedad, y 891 sobre competencia económica, todas ellas planteadas por la iniciativa privada, a nivel corporativo. En la primera clasificación, los criterios expresados por el sector empresarial ocurren “justo cuando se busca no pagar impuestos”, observó.
Lenia Batres consideró que los temas relativos al bienestar de la población, como el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la alimentación y a la educación, representan “un problema muy grande de la justicia mexicana”.
“Pero pareciera que no son temas de los jueces, ni de los tribunales y, peor aún, que permanentemente se desdeñan para ser resueltos desde las salas, ya que al pleno llega muy poco... Lo afirmo y tengo muchos ejemplos al respecto”, enfatizó.