En Coahuila, casi el 50% de los reclusos están a la espera de su sentencia

El censo también muestra que la situación en 2023 es comparable a la del año anterior: el 48% de la población reclusa en Coahuila se encontraba en espera de sentencia en 2022, al igual que en 2023.

En Coahuila, cerca de la mitad de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios aún no han recibido una sentencia judicial, permaneciendo tras las rejas como “presuntos culpables”. Esta información fue revelada por el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 se registraron 4,351 personas en los siete centros penitenciarios para adultos del estado, que son administrados por las autoridades locales. De este total, el 48%, es decir, 2,081 personas, están a la espera de la resolución de su proceso penal.

El censo también muestra que la situación en 2023 es comparable a la del año anterior: el 48% de la población reclusa en Coahuila se encontraba en espera de sentencia en 2022, al igual que en 2023.

De las personas que aún no tienen sentencia, el 48.9% está bajo lo que se conocía como prisión preventiva oficiosa, mientras que el resto está bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. A nivel nacional, Coahuila ocupa el quinto lugar en el uso de prisión preventiva justificada, que se aprueba por el juez si la Fiscalía presenta argumentos sólidos para mantener a la persona interna hasta que se resuelva su proceso.

En comparación con otras entidades, Coahuila se encuentra en una posición intermedia: Baja California tiene un 100% de aplicación de prisión preventiva sin sentencia, Nayarit y Campeche aplican esta medida al 78% y 75% de los casos, respectivamente, mientras que Querétaro lo hace al 60%. Coahuila sigue con un 51.1% de aplicación de prisión preventiva justificada.

Además, el Inegi reporta una sobrepoblación en los centros penitenciarios de Coahuila. En 2023, se registraron 3,258 camas útiles, pero el número de internos supera en casi mil a esta capacidad, evidenciando una creciente presión sobre el sistema penitenciario estatal.

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