De acuerdo con el proceso que se lleva en Ciudad de México, el próximo 4 de agosto se resolverá la situación.
Parece que finalmente será el presidente Andrés Manuel López Obrador quien intervenga para rescatar a Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA) y garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores afectados por la crisis de la acerera, quienes podrían estar al borde de perder sus finiquitos.
Se prevé que en el juicio mercantil en curso en la Ciudad de México, la empresa monclovense se declare en quiebra, lo que socavaría las expectativas de sus trabajadores, señaló el abogado Esteban Castellanos Volado. En este contexto, el gremio ha recordado al mandatario la promesa que hizo durante su reciente visita a Coahuila, en la que aseguró que se resolvería la situación de la compañía en todos sus aspectos. A medida que se acerca la fecha límite para la conclusión del concurso mercantil de AHMSA, la posibilidad de que los trabajadores afectados reciban sus finiquitos parece desvanecerse, indicó Castellanos.
Son muy altas las probabilidades, dijo, de que se declare en quiebra, así que la siderúrgica estaría considerando desde ahora el no pago de dicho beneficio, contemplado en el respectivo contrato colectivo de trabajo. De esta manera, la firma acerera se estaría ahorrando la liquidación de terminaciones por el orden de 40 mil millones de pesos, afectando a unas 12 mil familias de la Región Centro del estado. De acuerdo con el proceso que se lleva en Ciudad de México, el próximo 4 de agosto se resolverá de manera definitiva la suerte que correrá la empresa y, por ende, se definirá la situación de su plantilla, de sus trabajadores y empleados de confianza. En caso favorable, los interesados tendrían derecho a tres meses de indemnización, prestaciones laborales y salarios caídos por hasta un año, refirió por su parte el conciliador Víctor Aguilera.
Ello incluye el pago de una prima de antigüedad, a razón de 12 días por año trabajado, en los casos de quienes tengan antigüedades mayores a 15 años, indicó. En teoría, estarían protegidos los derechos de los trabajadores y, por consiguiente, dicha liquidación, según lo prevé la Constitución Política federal, agregó. El producto de la venta de que está siendo objeto no parece suficiente.