La senadora Minerva Hernández solicitará que se convoque y delinee en conjunto con la sociedad civil, académicos y expertos, la construcción de un capítulo de transparencia como parte de la reforma.
La senadora Minerva Hernández Ramos anunció que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que, en la elaboración del dictamen para modificar al Poder Judicial de la Federación (PJF), enviada por el titular del Poder Ejecutivo federal, considere incluir en la reforma un novedoso esquema de transparencia y rendición de cuentas como mecanismo de control ciudadano.
"Estamos obligados a aprobar una reforma que más allá del fortalecimiento institucional sea de utilidad y en beneficio del ciudadano", destacó Hernández Ramos.
Lo anterior, ya que dijo: "La reforma al Poder Judicial no resolverá el boquete fiscal que tenemos para sanear tanto la hacienda pública federal y estatal".
Por ello, solicitará que se convoque y delinee en conjunto con la sociedad civil, académicos y expertos, la construcción de un capítulo de transparencia y rendición de cuentas como parte de la reforma.
"Bienvenido todo lo que abone a la administración eficiente del gasto público, sin embargo, lo he venido mencionando e impulsando desde el primer día que tome protesta como Senadora de la República, es urgente la realización de una nueva Convención Nacional Hacendaria que resuelva temas como el nivel bajo de recaudación que tenemos, la falta de mecanismos para la administración eficiente del gasto público y la rendición de cuentas, entre otros", resaltó.
Hernández Ramos propone en el documento, exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar la actualización del impacto presupuestal de la reforma por la trascendencia e importancia que representa en la agenda nacional para los ciudadanos.
Además, respetar y salvaguardar en todo momento los derechos laborales de los trabajadores del PJF, y establecer con claridad la extinción de aquellos fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial que no se encuentren relacionados con las prestaciones sociales de los trabajadores.