Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena, la Guardia Nacional y la Seguridad Física de Pemex, han establecido el área de responsabilidad de vigilancia
Saltillo, Coahuila, MÁS. – El alto número de tomas clandestinas en Parras dado a conocer en el informe sobre incidencia delictiva del fuero federal 2024 respecto al huachicoleo por autoridades federales, se trata de información, en cierto sentido errónea, pues se ha logrado reducir hasta en un 40 % las incidencias en el robo de combustible, según dio a conocer el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara.
Informó que en Coahuila se han detectado perforaciones clandestinas en Parras, General Cepeda y Francisco I. Madero.
En el primer trimestre del año, Parras, Coahuila, se colocó como el segundo municipio en el país con mayor número de tomas clandestinas para el delito de huachicoleo.
El Fiscal afirmó que se trabaja en la Mesa de Seguridad estatal y en coordinación con las fuerzas de seguridad federales y municipios.
Expresó que el informe que se presentó fue de manera errónea y es solamente del primer trimestre del año, por eso hay aparentemente una elevación, pero en este segundo semestre se han visto reducido este tipo de delito hasta en un 40 %.
Afirmó también que se han desarrollado reuniones entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Sedena}, Guardia Nacional, Seguridad Física de Pemex para establecer el área de responsabilidad de vigilancia de cada uno de los que participan en la mesa de seguridad.
Reconoció que en Parras es donde las autoridades de Pemex más han encontrado “o han determinado que hay más perforaciones”.
Evidentemente, es donde hay más presión, enfatizó, no solamente en Parras, en General Cepeda, Francisco I. Madero; en Cadereyta, Nuevo León, donde hay un alto número de reportes de baja de presión de los ductos de traslado de hidrocarburos, pero que se deben a que están perforando para el huachicoleo.
Es un tema que corresponde a la Federación, concluyó el Fiscal, pero esto conlleva una serie de conductas ilícitas que son competencia del Estado.