Los crímenes cometidos por miembros de las tropas estadounidenses han sido una fuente constante de agravios para los residentes locales.
El Gobierno de Japón reveló este miércoles otros tres casos de supuesta violencia sexual que involucran a personal militar estadounidense desplegado en Okinawa, en el sudoeste del archipiélago, donde se concentra el grueso de las tropas de Washington destinadas en el país asiático.
Uno de estos casos sería de presunta violación, según indicó en rueda de prensa el portavoz gubernamental, Yoshimasa Hayashi, que no ofreció más detalles concretos, salvo que los incidentes se habrían producido el pasado enero y en febrero y agosto de 2023, y que ninguno de los sospechosos fue encausado.
Estos casos salen a la luz pocos días después de conocerse otros dos incidentes de índole sexual presuntamente perpetrados por militares estadounidenses también en Okinawa, que llevaron a la detención en mayo de un marine por intento de violación resultante en lesiones y a la acusación en marzo de un miembro de las Fuerzas Aéreas del país norteamericano por presuntamente secuestrar y agredir sexualmente a una menor de 16 años en diciembre de 2023.
Estos incidentes no sólo no se hicieron públicos hasta ahora, sino que el Gobierno tampoco los había notificado a las autoridades locales, alimentando el rechazo predominante que profesan a estas tropas y el descontento del Ejecutivo okinawense.
Hayashi dijo que considera que las autoridades fiscales tomarían la decisión de no hacer pública la información "con mucha cautela" y en función del interés público y la privacidad de los implicados, y pidió a las fuerzas armadas estadounidenses que tomen medidas para prevenir tales incidentes.
El portavoz nipón aseguró que el Gobierno central "estudiará con los ministerios implicados cómo se comparte la información de casos graves con el Gobierno de Okinawa sin causar preocupación pública".
Por su parte, el gobernador de Okinawa, Denny Tamaki, trasladó sus protestas al Ejecutivo central por no haberle trasladado con mayor rapidez la información de estos últimos casos, durante una reunión celebrada este miércoles con la ministra de Exteriores, Yoko Kamikawa.
Tamaki calificó esta falta de transparencia como un "problema extremadamente grave", y pidió a la canciller nipona que reclame a Estados Unidos "medidas suficientes para que no se repitan estos casos", además de evaluar la situación actual como "intolerable", en declaraciones a los medios locales.
Okinawa concentra al 70% de las instalaciones militares que Washington tiene en Japón y los crímenes cometidos por miembros de las tropas estadounidenses y personal de esas instalaciones han sido una fuente constante de agravios para los residentes locales.
Entre los casos que suscitaron gran indignación destacan la violación en 1995 de una niña de 12 años por parte de tres militares o la agresión sexual y asesinato de una mujer de 20 años en 2016 por parte de un extrabajador de una base estadounidense, que fue posteriormente sentenciado a cadena perpetua.