Ambas naciones acordaron crear espacios de análisis especializados para diseñar estrategias y desarrollar herramientas innovadoras que permitan combatir eficazmente a los grupos criminales
San Salvador. Los ministros de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, y de Argentina, Patricia Bullrich, firmaron este martes un acuerdo para "fortalecer" el combate del crimen organizado, informaron fuentes oficiales.
"Siguiendo las directrices de los mandatarios de El Salvador y Argentina, nuestro presidente @nayibbukele y el presidente @JMilei, hemos firmado junto con la ministra @PatoBullrich, un convenio de trabajo entre nuestros países, con el firme compromiso de fortalecer la lucha contra el crimen organizado", consignó Villatoro en la red social X.
Como parte del trabajo a realizar entre ambas naciones, según un comunicado conjunto, "se crearán espacios de análisis especializados para diseñar estrategias y desarrollar herramientas innovadoras que permitan combatir eficazmente a los grupos criminales".
Bullrich inició el domingo una visita de cuatro días a El Salvador para conocer el modelo aplicado por el presidente Nayib Bukele para neutralizar a las violentas pandillas y restablecer la tranquilidad en el país.
"Compartimos con la comitiva del @MinSeg de Argentina, las herramientas y acciones que hemos implementado en el desarrollo del Plan Control Territorial, la exitosa estrategia en materia de seguridad que ha dejado resultados sin precedentes en nuestro país", subrayó Villatoro.
Bullrich recorrió el domingo una megacárcel inaugurada en 2022 con capacidad para 40 mil reclusos, y este martes Bukele le recibió en la casa de gobierno.
"Estamos muy impresionados con todo el proceso, nos llevamos la información absolutamente completa", le externó Bullrich al mandatario salvadoreño.
En el poder desde 2019, Bukele libra una "guerra" contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente desde 2022 y que suma más de 80 mil presuntos pandilleros detenidos.
El régimen de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue decretado por el Congreso a petición de Bukele como respuesta a una escalada de violencia que cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.