Problemas estructurales lastran el desarrollo del país; en Acuerdo Nacional proponen ruta para afrontar los retos cruciales.
En México persisten problemas estructurales que impiden destrabar el potencial de nuestro país, como la falta de acceso a la justicia, la violencia, la pobreza, la desigualdad y el rezago. Para construir soluciones reales y eficaces es preciso asumir una perspectiva de Estado, sociedad y gobierno, abandonando la tentación de privilegiar los objetivos políticos, económicos o sociales inmediatos y de grupo.
Ante la urgencia de superar la fragmentación y polarización en México para construir bases sólidas hacia un desarrollo inclusivo, Coparmex y otras instituciones convocaron a un acuerdo nacional en el que plantearon una visión de largo plazo para responder a los retos cruciales que afrontamos en el país.
El Acuerdo por un México con Desarrollo Inclusivo plantea asegurar la continuidad y fortalecimiento de instituciones clave frente a cambios políticos o de gobierno; consolidar una política de evaluación del desempeño institucional en todas las áreas del gobierno; garantizar la publicación completa y oportuna de información oficial como responsabilidad constitucional, así como la rendición de cuentas.
Además, los procesos de toma de decisiones en el Legislativo deben seguir principios de democracia participativa y representativa, asegurando amplias discusiones públicas, transparencia, acceso a la información, y mecanismos de rendición de cuentas, con sanciones claras por inacción o falta de transparencia. En el diagnóstico se señala que la inseguridad junto con la falta de justicia, la corrupción, la opacidad e impunidad y una estrategia complaciente con el crimen organizado son problemas que afectan gravemente a los ciudadanos. Dado lo anterior plantean que se necesita una política de Estado.