"No dejaremos que sea tierra de narcoterroristas", dice ministra de Seguridad.
El gobierno argentino enviará el lunes a la ciudad de Rosario un contingente de fuerzas de seguridad federales que contarán con la asistencia logística de militares tras la ola de asesinatos a sangre fría de varias personas en espacios públicos supuestamente encabezada por bandas de narcos.
“Estamos acorralando al narcotráfico... no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro”, dijo el lunes el presidente Javier Milei al canal de televisión LN+ en alusión al comité de crisis que el gobierno nacional ha puesto en marcha en coordinación con el de la provincia de Santa Fe —donde se encuentra Rosario— para hacer frente al escenario de violencia.
Milei, un economista de ultraderecha que asumió el poder el 10 de diciembre, señaló además que debe terminar la política permisiva con los autores de graves delitos que adjudicó a administraciones pasadas. “El que las hace las paga”, aseveró.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su colega de Defensa, Luis Petri, dieron detalles del plan excepcional de seguridad desde Rosario, localidad situada a 300 kilómetros de Buenos Aires y considerada la más peligrosa de Argentina a causa del accionar desde hace años de las bandas de narcotraficantes que han ido ganando cada vez más poder.
“No vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas”, expresó. De esta forma, a través del artículo 14 del Código Penal, “toda acción que tenga objetivo amedrentar y sembrar terror en la sociedad tendrá una doble pena”, explicó la funcionaria. Además, adelantó que enviarán una “Ley antimafia” al Congreso de la Nación, que aplicará una “persecución penal sobre el crimen organizado” y le adjudicarán la pena a todos los integrantes de la banda “por el hecho de participar”.
Rosario permanecía el lunes semiparalizada por el impacto social que han causado los asesinatos a distintos trabajadores mientras cumplían sus tareas y que el gobierno atribuyó a mensajes mafiosos de las organizaciones criminales contra las autoridades nacionales y locales. No hay clases en los colegios ni transporte público y recolección de residuos. Además, comercios de algunos barrios mantienen sus puertas cerradas.
Durante la oleada de violencia aparecieron mensajes de amedrantamiento contra las autoridades advirtiendo que correrá más sangre en Rosario y exigiendo derechos para los presos. El propio gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha denunciado que ha sido amenazado de muerte en varias ocasiones desde que asumió en diciembre.
Bullrich dijo en una conferencia de prensa que el recrudecimiento de la violencia obedece al temor de los narcos a verse debilitados luego de las medidas de reforzamiento de la seguridad que desde hace tres meses vienen implementando las autoridades nacionales y provinciales en las cárceles para aislar a los presos más peligrosos e impedir que sigan coordinando a las bandas delictivas desde su encierro.
Ello ha incluido duras requisas en las que les fueron incautados móviles y otros dispositivos para mandar mensajes a distancia y mayor presencia policial en las calles de Rosario lo que, según la funcionaria, ha logrado un descenso de la cantidad de homicidios en los dos meses pasados.
Las bandas del narcotráfico "intentan sacarnos del camino y comenzaron con acciones narcoterroristas, atacando a ciudadanos que están cumpliendo su trabajo”, dijo Bullrich.
Las agresiones comenzaron el 2 de marzo con el ataque a tiros y desde un automóvil a un autobús que transportaba a agentes del Servicio Penitenciario, en el que no hubo muertos. Pocos días después desconocidos asesinaron a dos taxistas, al chofer de un autobús urbano y al empleado de una gasolinera.
El ministro de Defensa precisó que el personal y los vehículos de las Fuerzas Armadas que arribarán a Rosario cooperarán con las fuerzas federales, integradas por la Gendarmería (policía de fronteras), Prefectura Naval (guardacostas), Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Los funcionarios apuntaron que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos será denunciado por las autoridades como un acto de terrorismo y que pedirán a la justicia que sus autores reciban el doble de la pena prevista en la ley, tal como establece un artículo del Código Penal.
Por otro lado el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley que tipifica una nueva modalidad de persecución penal contra las bandas delictivas, adjudicando los crímenes a todos sus integrantes. Bullrich acotó que Italia implementó esta modalidad para combatir a las mafias “y luego (el presidente de El Salvador Nayib) Bukele contra las maras”.
Asimismo las autoridades focalizarán su combate al lavado de dinero.
Rosario atrajo la atención internacional en 2023 cuando hombres armados amenazaron a la familia de Lionel Messi a través de un mensaje escrito que dejaron luego de disparar contra un supermercado que es propiedad de los suegros del famoso futbolista argentino. Nadie resultó herido en ese ataque.