Desde mensajes más sutiles, se ha progresado hacia acciones más drásticas, como secuestros exprés, con el objetivo de disuadir a aquellos que buscan ocupar cargos municipales.
En ciertas regiones, grupos del crimen organizado han iniciado la implementación de tácticas de presión dirigidas a partidos políticos y candidatos con el objetivo de influir en la participación en el proceso electoral. Estas estrategias incluyen el envío de mensajes a través de intermediarios, comunicados a líderes locales de partidos, llamadas directas e incluso secuestros exprés de aspirantes, con el claro propósito de disuadirlos de postularse en las elecciones y con amenazas para evitar presentar denuncias formales.
Partidos políticos de todos los colores, ya tienen documentados casos a nivel municipal, en los que células de los cárteles de la droga han comenzado a operar en distintos niveles de gravedad, en la escena electoral. Por lo que se busca que el Instituto Nacional Electoral amplíe las facultades de la mesa de seguridad interinstitucional, para recibir denuncias personales, pero con garantía de anonimato, que lleguen directo a las instancias de seguridad federal y eviten el asesinato de más aspirantes.