Se trata de Angélica “N” quien es señalada de haber pretendido ilegalmente liberar a un preso acusado de homicidio
La ex jueza veracruzana, Angélica “N”, señalada de haber pretendido ilegalmente liberar a un preso acusado de homicidio, fue vinculada a proceso por dos delitos.
Un Juez de Control encontró elementos suficientes para iniciarle un juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y delitos contra la fe pública, los cuales llevará en libertad.
Durante audiencia, la autoridad judicial mantuvo las medidas cautelares impuestas durante la imputación de delitos: firma periódica mensual, garantía económica de 200 mil pesos y prohibición de salir del país sin autorización, así como tres meses para la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no significa que sea culpable, sino que se analizarán las pruebas de ambas partes.
La jueza fue detenida el pasado 16 de junio en la Ciudad de México señalada presuntamente de haber pretendido liberar de manera ilegal a Itiel N, quien era acusado de tres crímenes, entre ellos del diputado local priista Juan Carlos Molina.
La aprehensión de la jueza fue el punto más álgido desde que los abogados y familiares del supuesto empresario Itiel N, emprendieron una intensa campaña para denunciar supuestas irregularidades en su caso y buscar obtener su libertad.
El detenido estaba a punto de obtener la libertad, por orden de la jueza, en un penal de Coahuila, en una acción que se realizaría en fin de semana; sin embargo, autoridades ministeriales le notificaron de una nueva orden de aprehensión por su probable responsabilidad en dos crímenes, por lo que fue reaprendido. A la par se inició una investigación contra la jueza.
La autoridad ministerial explicó que la jueza realizó diversas acciones en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel “N”, señalado del crimen del legislador priista.
El caso de la ahora ex jueza acaparó redes sociales y titulares, pues su defensa y familiares denunciaban una presunta persecución del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez; mientras que autoridades ministeriales defendieron sus acusaciones por presuntos delitos cometidos por la funcionaria judicial.